Perú

El operativo en Madre de Dios

El pasado 5 de noviembre, el Gobierno peruano inició el operativo denominado “AURUM I” en Madre de Dios, en contra de la actividad minera ilegal que se desarrolla en esa región.

La movilización de más de 1,500 efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas, pretende enfrentar una actividad que en los últimos años no ha cesado de aumentar bajo el impulso, entre otros factores, de las altas cotizaciones del oro y de la ausencia de controles desde el Estado.

No es la primera vez que se organiza un operativo para combatir la minería ilegal en Madre de Dios. En el gobierno anterior, bajo el amparo del Decreto de Urgencia Nº 012-2010, que declaraba de interés nacional el ordenamiento minero en el departamento de Madre de Dios, se organizaron acciones contra las dragas que operan en los ríos de esa región, sin mucho éxito. Sin embargo, luego de los operativos, la actividad siguió incrementándose en río pero también en tierra. Pese a que no hay cifras oficiales, instituciones que laboran en la zona hablan de 40 mil mineros en Madre de Dios.

Los impactos de la minería ilegal son devastadores. En toda la región ya se han deforestado cerca de 37 mil hectáreas, inclusive en zonas de amortiguamiento de reservas nacionales: el caso más reciente es el de la reserva de Tambopata, donde laboraban en la zona de amortiguamiento, hasta antes del 5 de noviembre, alrededor de 15 mil mineros ilegales.

¿Cuál es la diferencia entre este operativo y los precedentes?  En primer lugar, se ha anunciado que no será un operativo puntual y que se sostendrá en el tiempo: las fuerzas desplazadas no se retirarán de la zona hasta lograr la erradicación total de la actividad.

Por otro lado, también se ha hecho público que en esta ocasión no sólo se atacarán las dragas, sino también los cargadores frontales y los motores que permiten la actividad denominada como de succión o “chupadera”. Esta actividad de succión es la principal y da cuenta de alrededor del 70% toda la producción de oro en Madre de Dios.

También las autoridades han anunciado en conferencia de prensa, que se busca atacar a las mafias de trata de personas, explotación infantil, prostitución infantil, tala ilegal, enganchadores, etc. Quizás la principal diferencia de este operativo, radica en el impulso permanente y no puntual que se piensa dar a las actividades sostenibles y amigables con la naturaleza. La decisión es que el Estado, finalmente, esté presente en una región que no ha estado muy conectada con el resto del país.

A cinco días de iniciado el operativo, si bien no se ha registrado incidentes tampoco ha habido acuerdos. El Diario El Comercio ha informado que 140 dragas y artefactos similares fueron destruidos durante el fin de semana; y que las autoridades regionales están buscando dialogar con los mineros ilegales del sector La Pampa -ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Tambopata- para que retiren voluntariamente sus maquinarias de la zona. Incluso el dirigente minero Florencio Luna Vilca casi como una advertencia, ha declarado: “Queremos la formalización, pero no se puede dejar a 30,000 personas sin trabajo. La desesperación llega  a un límite y así empiezan los paros”.

Por supuesto que es preocupante un operativo masivo que utilice la fuerza pública. Se espera que no se produzcan pérdidas de vidas humanas y que se respeten los derechos de las personas. Habrá que observar los resultados finales de esta operación, las respuestas de los mineros y sus representantes, como también el comportamiento y el compromiso de las autoridades locales y regionales. También habrá que estar atentos a lo que pase en el resto del país, pues como se sabe, la minería ilegal, la que se desarrolla en ríos y en socavones, se ha extendido en casi todas las regiones del país.

Lima, 10 de noviembre de 2011

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