Jorge Tacuri Aragón
En estos días de conflictos socio-ambientales hemos visto una vez más algunos roles ya conocidos: deslegitimación y reducción de la protesta por parte de los medios de comunicación que están al servicio del poder
intervención “constitucional” de las fuerzas armadas para garantizar la propiedad privada, pública y sobre todo el orden; detenidos, heridos y muertos en los actos de represión de la protesta; psicosociales mediáticos como los supuestos restos encontrados del Mayor PNP Bazán desaparecido en los lamentables hechos de Bagua; las pintas alusivas a ETA en Arequipa; las bombas molotov encontradas en las inmediaciones del aeropuerto de Cajamarca, entre otros.
Pero lo que parece nuevo para este quinquenio es que se ha visibilizado una alianza entre diversos sectores del poder que tiene como finalidad imponer el modelo extractivista y matar la protesta social que la resiste. Me refiero al papel que juegan el Poder Judicial y el Ministerio Público en este tipo de conflictos.
El Poder Judicial, encabezado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Dr. César San Martín Castro, quien frente a los medios ha salido a respaldar la detención arbitraria del alcalde de Espinar, y con ello, más allá de sus competencias, el conjunto de arbitrariedades que las organizaciones de derechos humanos vienen denunciando. Es la primera vez que el máximo representante de la justicia en el Perú sale a avalar la intervención policial, fiscal y judicial en este tipo de conflictos.
El Ministerio Público, movilizando casi un centenar de fiscales a Cajamarca, entre ellos los especializados en criminalidad organizada, como si en las protestas hubiera bandas o grupos del crimen organizado.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha denunciado que las bombas molotov halladas en la camioneta de serenzago del municipio de Espinar fueron sembradas. El representante de Instituto de Defensa Legal, Dr. Carlos Rivera, ha revelado que la detención del alcalde de Espinar fue ilegal debido a que el burgomaestre fue privado de la
libertad sin orden judicial y sin que exista el supuesto de flagrancia, y que la orden judicial salió varias horas después de la detención. A esto se suma que la transferencia de competencia a la Región de Ica y el traslado a una cárcel de dicho lugar, paseándolo por la base antisubversiva de Masamari en Junín, es un acto de tortura psicológica y violatorio de la garantía constitucional del Juez Natural.
Esta cadena de acciones arbitrarias, de persecución y represión están debidamente coordinadas entre el poder político (Presidente Ollanta Humala y Presidente del Consejo de Ministros Óscar Valdez), el Ministerio Público y el Poder Judicial, responsables hoy de haber mandado al traste el mandato constitucional de autonomía de poderes,
conjunto de hechos que articulados son una grave amenaza para los derechos humanos, derechos de la Madre Tierra y la democracia.
El objetivo entonces ya no es solo un asunto de orden público sino matar la protesta con la represión escarmentadora que busca sembrar muertos en el camino de las movilizaciones, con criminalización, judicialización y militarización de los conflictos sociales, con la intervención del sistema penal al servicio del poder político y
económico, con sembrado de pruebas para vincularla a acciones terroristas o de sabotaje y con ello ilegalizar toda forma de resistencia y movilización.
Matar también el diálogo, deslegitimando a los líderes y dirigentes para presentarlos como delincuentes o instigadores, tergiversando o cercenando las demandas para desinformar a la opinión pública, con detenciones masivas e ilegales que para el caso de Espinar no tuvieron como única finalidad el restablecimiento del orden público sino descabezar la protesta para no dialogar.
Frente a estas graves amenazas no queda otra cosa que repensar los procesos de unidad de los actores sociales y políticos progresistas en torno a la agenda social y ambiental planteada por los movimientos sociales. Y en lo que concierne a las organizaciones de derechos humanos comprometidos con la incidencia y defensa de los luchadores
sociales, desnudar el papel que juega hoy el sistema penal e incorporar en las demandas sociales la necesidad de desmontar la lógica ultra punitiva de seguridad nacional con que se trata hoy a la protesta social y, como un asunto transversal a todo esto, legitimar aún más las estrategias de diálogo como único mecanismo eficaz para solucionar democráticamente este tipo de conflictos.
Iquitos, 01 de junio del 2012.