Luego del asesinato de Mariano Abarca Roblero en noviembre de 2009, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, México, la REMA Chiapas dio a conocer las pruebas de los cheques que esta empresa entregó al entonces presidente municipal Julo César Velásquez. Así, el 10 de marzo de 2010, nueve organizaciones canadienses presentaron una queja ante la Policía Montada de Canadá (RCMP por sus siglas en inglés) con el fin de investigar a dicha empresas por este soborno. En julio de 2011 las oficinas de la empresas canadiense fueron investigadas por la RCMP para profundizar en las investigaciones, sin que a la fecha se sepa nada del proceso.
Hasta la fecha, el gobierno canadiense no ha hecho nada pese a las pruebas contundentes de corrupción. Pocos juicios y condenas se han establecido en el marco de la Ley sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros en Canadá por lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha llamado la atención sobre esta deficiencia. Pese a que la ley fue modificada en junio de 2013 para “ampliar su alcance jurisdiccional y que las autoridades canadienses puedan comenzar juicios con mayor facilidad sin importar el lugar en que se efectuó el presunto soborno”, no se observan avances. Así lo ha dado a conocer el comunicado del 10 de Marzo de 2014 de las organizaciones que hace cuatro años presentaron la denuncia, entre ellas están: Atlantic Regional Solidarity Network – Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) – Common Frontiers-Canada – Council of Canadians – L’Entraide missionnaire – MiningWatch Canada – Coalition Québécoise Sur les impacts Socio-environnmentaux des transnationales en Amérique latine (QUISETAL) – Social Justice Committee of Montreal – United Steelworkers. Su comunicado puede consultarse aquí.
Ante ello, constatamos una vez más que el gobierno de Canadá no pretende poner límites a las violaciones a los derechos humanos de las empresas mineras canadienses ni de cualquier otra inversión en el marco de los Tratados de Libre Comercio, con el fin de beneficiar a sus corporaciones, como tampoco lo hará con con las violaciones a los derechos humanos que han cometido y cometerán las empresas mineras en Honduras en el marco de su reciente Tratado de Libre Comercio. El gobierno de Canadá continúa solapando y apoyando por acción y omisión las violaciones a los derechos humanos de sus inversiones en el extranjero. Ya no exigimos justicia, que el gobierno canadiense es incapaz de garantizar con sus leyes, sino que simplemente abandonen nuestros territorios.
¡De Panamá a Canadá, la Minería no Va!
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)/Chiapas
Miembro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)