South American Silver demanda a Bolivia por la nacionalización de Mallku Khota
La transnacional canadiense South American Silver inició el 30 de abril un arbitraje internacional contra el Estado boliviano por la nacionalización de su concesión minera en el cerro Mallku Khota del departamento de Potosí. El ministro de Minería y Metalurgia Mario Virreira confirmó que se realizan las gestiones correspondientes ante la Procuraduría General del Estado (PGE) para responder a la demanda arbitral. El historiador y ecologista canadiense Daviken Studnicki-Gizbert, profesor de la Universidad McGill, asegura existen más de 1.500 empresas mineras canadienses operando 1.246 proyectos mineros en Latinoamérica.
El cerro Mallku Khota, un yacimiento donde se presume existe plata, indio y galio, fue escenario de una escalada de conflictos sociales en 2012, que se zanjaron con la reversión del yacimiento, administrado hasta entonces por la Empresa Minera Mallku Khota, filial de la canadiense South American Silver. (ABI)
El 1 agosto de 2012 el gobierno de Evo Morales revirtió “al dominio originario del Estado las Autorizaciones Transitorias Especiales mineras denominadas” Mallku Khota, Jalsuri, Alkasi, Cobra, Viento, Takhuani, Takhaua, Daniel, Antacuna, Norma y Silluta mediante Decreto Supremo 1308, e instruyó a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) contratar a una empresa independiente para valorar las inversiones ejecutadas por los inversionistas.
South American Silver asegura que hizo varios intentos para llegar a un acuerdo amistoso y lograr una indemnización de por lo menos 25 millones de dólares. Según el Ministerio de Minería la firma canadiense no realizó ninguna gestión administrativa ante autoridades nacionales para demostrar que es la casa matriz de la Empresa Minera Mallku Khota.
“Si hizo algunas gestiones esa transnacional, lo hizo a espaldas del pueblo boliviano, a espaldas de las autoridades de ese momento porque South American Silver no está registrada en ninguno de los registros que tenemos en nuestro país”, explicó el ministro Virreira a la agencia ABI.
La autoridad recordó que Comibol inició un estudio técnico para precisar la inversión real que hizo la minera en Bolivia, cuyos resultados estarán listos en un plazo de tres meses. El gobierno está dispuesto a compensar a la canadiense por los estudios realizados en el yacimiento, pero considera que la firma uso el yacimiento para especular en las bolsas de valores. Virreira afirmó que el gobierno tiene todos los registros y evidencias para demostrar ante cualquier tribunal internacional que la canadiense no invirtió en el país.
Según la Fundación Milenio, la política de nacionalización endeudó al país con más de 1.147 millones de dólares por indemnizaciones. Hasta la fecha existen cerca de 12 notificaciones de controversias internacionales contra el Estado boliviano, procesos que están a cargo de la Sub Procuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, informó el procurador general del Estado Hugo Montero.
La PGE concluyó tres arbitrajes internacionales con las empresas Atlas Precius Metal Inc., que gerenciaba el complejo metalúrgico de Karachipampa, y GDF-Suez de Francia y Carlson Dividend Facilityt, accionistas de la empresa eléctrica Corani, nacionalizada en mayo de 2010. El Decreto supremo 493 emitido el 1 de mayo de 2010 nacionalizó el paquete accionario que poseían los inversionistas extranjeros en las empresas Corani, Valle Hermoso y Guaracachi.
La Procuraduría supervisó la firma de la resolución de contrato de riesgo compartido suscrito por la canadiense Atlas y la Comibol para la reactivación de la metalúrgica Karachipampa. La controversia se inició en junio de 2010 cuando Comibol ejecutó una boleta de garantía por 850 mil dólares debido al incumplimiento de inversión total para la puesta en marcha de la fundición de oro, plata y estaño. En respuesta la empresa demandó al Estado y reclamó dos millones de dólares de compensación, además de la devolución de la boleta de garantía.
Luego de negociaciones realizadas bajo la supervisión de la Procuraduría, Atlas entregó la planta de Karachipampa el 30 de diciembre de 2010 y luego firmó con Comibol un contrato transaccional de liberación general y recíproca de obligaciones. Comibol reconocerá a Atlas el pago de 750 mil dólares por las inversiones efectuadas en la primera fase en el complejo de Karachipampa.
El procurador Montero dijo que también fueron solucionadas de manera amistosa las controversias con la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC) que reclamaba compensación por la compra forzada de sus acciones en la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). La Procuraduría acompañó el cierre de la operación transaccional de compensación de acciones de Corani a la empresa Carlson Dividend Facility SA, que poseía el 0,65% de las acciones por un valor equivalente a 240 mil dólares.
GDF-Suez de Francia, accionista de la empresa nacionalizada Corani, demandó la compensación de sus acciones, previa evaluación de una empresa independiente que determinó el pago de 18,4 millones de dólares por el 50% del paquete accionario. En este caso se logró suspender definitivamente el arbitraje y evitar al Estado boliviano el gasto de un arbitraje internacional que oscila entre tres y cuatro millones de dólares.
Por otro lado, está pendiente de resolución una demanda de Jindal Steel and Power Limited (JSPL) que el 16 de julio de 2012 dio por terminado el contrato de riesgo compartido suscrito en 2007 con la Empresa Siderúrgica del Mutún, acusando a ésta de incumplir con sus obligaciones contractuales, entre ellas el suministro de gas natural y la entrega total del área de operaciones en el Mutún, ubicado en el departamento de Santa Cruz.
Canadá con 1.246 proyectos mineros activos en Latinoamérica
Canadá, líder mundial del sector minero y con una fuerte presencia en Latinoamérica, pretende seguir expandiéndose en el continente, pese al amplio rechazo de organizaciones ambientalistas, académicos y comunidades originarias. Al decir del primer ministro de ese norteño país, Stephen Harper, “viendo hacia el futuro, vemos la industria minera canadiense creciendo en las Américas, algo que será beneficioso para la prosperidad mutua y será prioridad de nuestro gobierno”.
Pese a las denuncias y protestas contra esas empresas en la región, aseguró durante la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia, que es una prioridad para su gobierno aumentar y fortalecer la participación de compañías mineras canadienses en el continente. «En el futuro próximo vemos una mayor inversión canadiense en recursos naturales en las Américas; esto es algo que será bueno para nuestra prosperidad y es una prioridad de nuestro gobierno… Hemos encontrado la manera de convertir los activos minerales en un cimiento sostenible para el desarrollo equitativo, y estamos dispuestos en cooperar como socios estratégicos con los países de las Américas», afirmó Harper en la cita continental.
Según diversas fuentes, más del 80 por ciento de las compañías inversoras en el sector de la minería metálica en este continente son de Canadá. Estas empresas, muchas transnacionales, se asentaron en los últimos 20 años, cuando gobiernos neoliberales de la región le dieron entrada libre a la inversión extranjera en medio de procesos privatizadores. El geólogo de la Universidad de Costa Rica y especialista en evaluación ambiental Allan Astorga considera que muchas de esas compañías salieron de su país en busca de recursos sin explotar, pero en particular a causa del endurecimiento de las normas que rigen la actividad minera en Canadá.
Después de dos décadas de explotación, la supuesta prosperidad económica que traerían las mineras canadienses a los países implicados y, en particular a las comunidades donde se fueron asentando, dista mucho de lo esperado, según denuncias, contaminación, destrucción de bosques, saqueo de minerales, pocas ganancias y más pobreza forman parte de la herencia que dejan estas compañías.
El historiador y ecologista canadiense Daviken Studnicki-Gizbert, profesor de la Universidad McGill, en Montreal, asegura que «las crecientes actividades mineras de Canadá se han convertido en una amenaza ambiental en Latinoamérica. Existen más de mil 500 empresas mineras canadienses, que operan en todo el continente, a tal punto que la minería ha pasado a ser el enlace más importante entre Canadá y la región».
Studnicki-Gizbert ha advertido acerca de los conflictos generados por la extracción de mineral a cielo abierto y el uso de territorios por las multinacionales, en particular, por los 1.246 proyectos mineros canadienses activos en Latinoamérica. Las explotadoras también mantienen un ritmo gradual ascendente. Los impactos socioeconómicos, sanitarios y ambientales de gran envergadura que provoca esta industria, a lo que se añade la salida de las riquezas, son las principales causas del rechazo popular.
McGill señala que hace 20 años había una docena de proyectos canadienses en Latinoamérica, pero en la década de 1990 la crisis de la deuda obligó a los países a reactivar la minería y hoy existen 1.246 proyectos canadienses activos en la región, los cuales parecían ser la esperanza para muchas comunidades. Por el contrario, además de ser altamente peligrosos, la mayoría de los puestos de trabajo creados son efímeros, pues duran mientras el mineral no se agote o dependen de los vaivenes del mercado.
Decenas de poblados en el continente, donde estuvo asentado alguno de esos proyectos, permanecen en la pobreza extrema y con potenciales riesgos para la salud de sus habitantes por los altos niveles de contaminación, debido al mal manejo de químicos utilizados en esta actividad.
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina contabiliza al menos 162 conflictos mineros por explotación de oro en toda la región. En la última década, el precio del metal áureo pasó de 270 dólares a entre 1.600 y 1.800 dólares la onza. Para extraer cada gramo de oro se requieren dos o tres de mercurio, que es vertido a los ríos en los lavaderos. Y las comunidades conocen bien sus consecuencias. En este filón de riquezas, las personas más pobres son las más explotadas, en particular los niños, tanto laboral como sexualmente, de acuerdo con la organización no gubernamental Save The Children. Las mineras Osisko Minning Corp, Goldcorp, Barrick Gold, Fortuna Silver Inc, First Majestic Silver, son sólo algunas de las envueltas en conflictos.
Fuente: Bolpress, con datos de Odalys Troya Flores, jefa de la Redacción América del Sur de Prensa Latina.