El lunes 3 de noviembre, llegó a Santiago de Chile una delegación ecuatoriana en defensa de Íntag. La encabezaron autoridades del cantón y municipio de Cotacachi, representantes de la ONG Acción Ecológica, y habitantes de la comunidad de Junín. En ese lugar la ENAMI (Empresa Nacional Minera) de Ecuador y la empresa minera estatal CODELCO de Chile pretenden desarrollar el megaproyecto minero cuprífero llamado Llurimagua (anteriormente Junín).
Entre los integrantes de la delegación se encuentra la madre de Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín, quien está detenido en la cárcel de Ibarra desde abril pasado. Javier fue arrestado por un operativo policial, acusado de terrorismo y sabotaje. Posteriormente, en un proceso plagado de irregularidades, se lo acusó de rebelión en contra del Estado en represalia a la resistencia de los comuneros de Junín que impidieron el ingreso de los técnicos de la ENAMI-CODELCO en su territorio. Su familia se encuentra en una situación económica precaria y sometida a fuertes presiones psicológicas. Mientras tanto, la zona de Íntag se encuentra bajo una presencia policial permanente con controles de identidad y otras formas de acoso.
Los destrozos socioambientales se proyectan con fuerza
En Chile, además de denunciar la detención abusiva de Javier, la delegación expondrá como el pueblo inteño lucha desde hace casi veinte años, de manera proactiva, en contra la megaminería. Mostrarán como en Íntag se promueve actividades productivas alternativas a la minería, como son el cultivo de café bajo sombra, la producción de jabones artesanales o el ecoturismo. Los habitantes de esta zona de alta biodiversidad demuestran cómo se puede aprovechar y cuidar la riqueza natural sin dar paso a su masiva destrucción, como inevitablemente sucederá con la megaminería.
La delegación denunciará también el manejo técnico calamitoso del proyecto Llurimagua por parte de la ENAMI-CODELCO. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la fase de exploración avanzada, publicado en el mes de septiembre pasado, presenta una serie de falencias y errores inaceptables. Esta es la conclusión de la revisión del Estudio de Impacto Ambiental realizada por un equipo de expertos independientes. En particular, la descripción de la línea base del medio ambiente no es científicamente aceptable (tanto a nivel de la climatología, los caudales de los ríos, la diversidad de especies, entre otros aspectos). Además, el Estudio de Impacto Ambiental no presenta una estimación de las cantidades de lodos contaminados que producirán las actividades de exploración. Esta situación implica que el Estudio de Impacto Ambiental carece de validez y que sus autores no puedan de ninguna manera asegurar que serán minimizados los impactos para los ecosistemas y la salud humana.
Del extractivismo neoliberal al extrativismo progresista
Durante la época neoliberal, las corporaciones transnacionales privadas nos habían habituado a este tipo de gestión mediocre y la falta de respeto de la voluntad de los pueblos opuestos a la megaminería.
En esa época, los inteños habían logrado rechazar exitosamente a la megaminería, al desalentar empresas como la Bishimetals de Japón en los años noventa o la Ascendant Copper de Canadá en los años 2000, las cuales no tuvieron otra opción que abandonar la zona.
Para los inteños y otros movimientos sociales opuestos a megaproyectos extractivistas, sin embargo, la situación actual es distinta. El gobierno de Rafael Correa, que empezó con una política de corte posneoliberal e inclusive posextractivista, si vemos el carácter pionero de una Constitución que incorporó los Derechos de la Naturaleza, se ha convertido en el gran abanderado del extractivismo de origen transnacional. Correa ha abierto la puerta a la explotación minera a gran escala, algo que no lograron los regímenes neoliberales. Da paso a la ampliación de la frontera petrolera, hundiendo en el fracaso la iniciativa de dejar el crudo en el subsuelo en el Yasuní. Fuerza los monocultivos agroexportadores y alienta los agrocombustibles.
Todo esto lo hace enarbolando la bandera del nacionalismo y de la reducción de la pobreza. Y recurriendo perversamente a empresas estatales, como las que conforman el consorcio ENAMI-CODELCO. Hoy en día, gracias a la modernización del Estado capitalista se cuenta con un instrumentario mucho más eficiente que está puesto al servicio de los megaproyectos y de las empresas que los pilotean, no solamente en el ámbito legal y político, sino también en cuanto a la legitimación moral y el uso de la fuerza pública.
Todo ello está enmarcado en un esfuerzo generalizado de control político de los ciudadanos y de deslegitimización y criminalización de la protesta social (ya sea de los trabajadores, maestros, sectores urbanos, ecologistas, indígenas y demás). De manera paradójica, en muchos casos los mismos movimientos y partidos que apoyaron a Rafael Correa al inicio de su gestión y contribuyeron fuertemente a su elección, son hoy el blanco de estas políticas represivas.
Denunciar esta realidad es uno de los objetivos de los inteños en Chile.
Sensibilizar la sociedad civil chilena a los abusos de la ENAMI-CODELCO y del gobierno de Rafael Correa
Al tener encuentros con trabajadores de la CODELCO, parlamentarios, ONG y comunidades impactadas por la megaminería, la delegación ecuatoriana espera sensibilizar a la sociedad civil chilena. Para empezar quiere resaltar la mediocridad de los informes técnicos y la constante opresión que sufren los inteños opuestos al proyecto megaminero, en donde la CODELCO tiene intereses a raíz de un convenio binacional. Es de prever que sus testimonios no dejarán de sorprender a los sectores más progresistas de la sociedad chilena, al igual que muchas izquierdas alrededor del mundo, que ven todavía con buenos ojos el proceso político de la revolución ciudadana de Rafael Correa, que ha devenido en una suerte de restauración conservadora, entre otras cosas por su empeño en imponer una ampliación acelerada y violenta del exctractivismo.
El proyecto Llurimagua es un caso emblemático de las políticas extractivistas del gobierno de Correa: desalojos, intimidaciones y detenciones de oponentes, uso abusivo de la fuerza pública, violación de derechos constitucionales e internacionales, entre otros.
Estamos seguros que amplios sectores de la sociedad chilena serán sensibles a estas reivindicaciones y brindarán su apoyo a la lucha de los inteños. Una lucha por la vida que se extiende por el continente.