Finalmente el pasado 07 de abril, Renco Group Inc. y Doe Run Perú (DRP) iniciaron formalmente un proceso de arbitraje contra el Estado peruano en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. Este es el primer caso de demanda de un inversionista contra el Perú que se ampara en el referido tratado.
En efecto, Renco concreta así la carta de intención de llevar al Perú a un arbitraje. Renco busca una millonaria indemnización: nada menos que US$ 800 millones de dólares.
¿Cómo una empresa que ha incumplido todas sus obligaciones en nuestro país puede sustentar una demanda de este tipo? Renco Group y DRP están aprovechando las extraordinarias ventajas que les brinda el capítulo de inversiones del TLC.
Por ejemplo, Renco y DRP alegan haber recibido un trato injusto respecto a la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Indican que el gobierno les exigió responsabilidades adicionales, lo que los obligó a solicitar varias prórrogas y que debido a la negativa del gobierno de extender el PAMA una vez más, no pudieron terminar con el proyecto que les faltaba: la construcción de la planta de ácido sulfúrico. Según Renco, estas acciones vulneran el artículo 10.5 del capítulo de inversiones del TLC Perú-EEUU.
Un segundo argumento, es que el gobierno ha tratado con mayor dureza a DRP que a la empresa nacional Activos Mineros, a pesar que esta última tampoco ha cumplido con las obligaciones que le correspondían del PAMA. Para Renco, ello constituye trato discriminatorio y vulnera el artículo 10.3 del TLC.
El tercer argumento de DRP es que se encuentra con problemas de financiamiento, lo que la ha llevado a un proceso concursal ante INDECOPI. Señalan que se encuentran en la búsqueda de financiamiento, lo que les permitirá pagar a sus acreedores. El hecho que el gobierno peruano pretenda ser reconocido como el mayor acreedor en la junta ante INDECOPI (debido al incumplimiento del PAMA), constituye para DRP un intento de expropiación que vulnera el artículo 10.7 del TLC.
Finalmente retoman un argumento que ha sido uno de los ejes centrales de su campaña comunicacional: el gobierno peruano y la empresa Activos Mineros deben asumir cualquier responsabilidad por las denuncias presentadas por los daños a la salud y el ambiente, ya sea que se presenten en el Perú o en los Estados Unidos. Como se sabe, existe una denuncia contra Renco Group que ha sido admitida en un Tribunal de Missouri por un grupo de pobladores de La Oroya y que según la empresa, es de entera responsabilidad del gobierno peruano.
¿Son ciertos estos argumentos? ¿Tienen el debido sustento? Para nadie es un secreto que DRP ha tenido una conducta reprochable durante todo el tiempo que ha venido operando en el Perú. Las reiteradas prórrogas del PAMA han sido consecuencia de sus incumplimientos y de la falta de compromiso en remediar los impactos en la salud de la población de La Oroya y mejorar los estándares ambientales.
Lejos de haber recibido un trato injusto como alegan, Renco y DRP han sido más bien beneficiados, ya que han recibido modificaciones y prórrogas que ninguna otra empresa ha obtenido en el país.
Los problemas financieros de DRP en el país solo se explican por una gestión ineficiente y las transferencias que han hecho permanentemente a su casa matriz en los Estados Unidos. Además, la situación de crisis actual pudo ser evitada cuando el propio gobierno peruano obtuvo para la empresa un financiamiento de US$ 175 millones de parte de un grupo de empresas privadas. DRP no cumplió con los compromisos asumidos y no pudo obtener el financiamiento.
La participación del Estado en la junta de acreedores es la única manera de garantizar el cumplimiento del PAMA. Que el Estado peruano intente cumplir con su rol de garante de derechos no puede ser interpretado de ninguna manera como expropiación, tal y como pretenden alegar alegan Renco y DRP.
La demanda de Renco y DRP se sustenta en argumentos tendenciosos. Sería el colmo que luego de haber incumplido reiteradamente sus obligaciones en el Perú y haber vulnerado sistemáticamente los derechos de la población de La Oroya y sus trabajadores, Renco y DRP se beneficien con una sustanciosa indemnización que todos los peruanos tendríamos que pagar. Nuestras autoridades deberían pronunciarse cuanto antes y definir una estrategia de defensa de los intereses del país.
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN.
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