Ejército y policía desalojan a indígenas que se oponen a una mina que opera ilegalmente en el departamento de Izabal.
La policía de Guatemala disolvió este sábado una protesta de indígenas opuestos a una minera suiza que mantenían bloqueada una carretera en el noreste del país, con saldo de cuatro agentes heridos y pobladores afectados por gases lacrimógenos.
La Policía y miembros del Ejército de Guatemala lanzaron gases lacrimógenos para disolver una manifestación conformada por la comunidad indígena, en El Estor, Izabal, el único departamento guatemalteco con salida al océano Atlántico.
El enfrentamiento ocurrió a unos 155 km al noreste de la capital, un día después de que la policía desalojara con gases a decenas de indígenas maya-q’eqchi’ que horas después volvieron a concentrarse en la ruta.
Jorge Aguilar, vocero de la policía, dijo que cuatro agentes resultaron heridos «por arma de fuego». Imágenes y videos divulgados mostraron a policías retirando ramas de árboles y otros objetos que habían sido colocados para cerrar el paso, y a las fuerzas antimotines lanzar gas.
El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, manifestó este sábado su preocupación por la represión policial a un grupo de comunidades indígenas en resistencia en el noreste del país, quienes se oponen a la mina que funciona «ilegalmente».
«En resistencia» contra la Compañía Guatemalteca de Níquel
Las comunidades indígenas se apostaron en el camino desde el 4 de octubre «en resistencia» al denunciar que la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group, mantiene operaciones pese a que la justicia ordenó que fueran suspendidas mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria.
El grupo, que se opone a la minera por considerar que provoca daños ambientales, también ha denunciado que el Ministerio de Energía y Minas no los ha tomado en cuenta en el proceso que llevará al referendo.
Antes del desalojo, un indígena que se cubría el rostro con una mascarilla indicó que la intención de las fuerzas de seguridad, entre éstas soldados, era permitir el paso de góndolas y camiones de la empresa.
Posteriormente, otros vecinos realizaron una protesta a favor de la mina al señalar que esta genera empleo en el municipio, según medios locales.
En junio de 2020, la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, suspendió las operaciones de la CGN al acoger el reclamo de comunidades indígenas que denuncian no haber sido consultadas sobre la explotación de minerales en su territorio.
Sin embargo, pese a la prohibición, el procurador Rodas aseguró que «el Gobierno de Guatemala», que preside Alejandro Giammattei, «resguarda camiones de CGN» para su ingreso a la mina y a la vez las fuerzas de seguridad «reprimen a la población y periodistas».
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