Urge investigar si esta industria ha dejado más beneficios que daños
Ramazzini (tercero) está a favor de realizar un estudio profundo del costo beneficio del proyecto extractivo de la mina Marlin.
El tema, Industria extractiva, ambiente y desarrollo generó una discusión en torno a si la minería debe ser considerada un motor económico, pues mientras algunos cuestionaron su efectividad para combatir la pobreza, otros insistieron en la necesidad de apostarle como política social.
A pesar de que su postura es firme al decir que seguirá “luchando contra la minería”, el obispo Álvaro Ramazzini, responsable de la Diócesis de Huehuetenango, afirma que es importante saber si la industria extractiva ha contribuido a reducir la pobreza.
Según el religioso, esto se lograría al realizar un estudio profundo de costo beneficio del único proyecto extractivo de oro que hay en Guatemala: la mina Marlin, de la multinacional Goldcorp.
La respuesta le llegó de inmediato. El representante de dicha firma en el país y presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, Mario Marroquín, lo acuerpó al afirmar que “urgen estudios para establecer los costos reales”.
El debate se originó en el 2o. día del seminario Desafíos del Desarrollo en Guatemala, organizado por la Universidad Rafael Landivar, en el que participó el Cacif como ente empresarial organizado, líderes cooperativistas y académicos.
Ramazzini señaló la necesidad de aplazar la expansión de esta industria. “Se debería dar una moratoria a la mina Marlin, para esperar los resultados al momento de que cierre operaciones. Solo así sabremos si fue más beneficioso o dañino y si valieron la pena los muertos”, subrayó.
Cuestionamientos
El decano de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas, Ottoniel Monterroso, afirmó: “Existen resultados de investigaciones serias que confirman que la industria extractiva no es un motor de desarrollo. Los pueblos alrededor de la extracción petrolera no han dejado de ser pobres, por ejemplo; entonces, establezcamos si con la minería el país gana o solo pierde sus recursos”.
En esa línea, Marroquín afirma: “El Estado debe actuar responsablemente y dirigir las actividades industriales en el país. Nosotros somos los primeros en pedir que se cambie la ley minera, pues Marlin la cumple; si esta es débil, se debería ajustar”.