Comunidades campesinas de los distritos de Ejutla y Ocotlán exigieron la cancelación de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, porque ha realizado trabajos de exploración en su territorio sin el consentimiento de las asambleas comunitarias.
Aunque en noviembre de 2015 esas comunidades se declararon Territorio Prohibido para la Minería, la empresa, en su interés por ampliar su proyecto, ha invadido ejidos y realizado trabajos de exploración mediante barrenaciones y explosiones, sin los permisos respectivos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Ante la cerrazón gubernamental para escuchar sus demandas, las asambleas ejidales y comunales de Monte del Toro, San Martín de los Canseco, Las Huertas, Los Ocotes, El Vergel y Coatecas Altas, además de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), el ayuntamiento de Santa Catarina Minas y habitantes de Santa Lucía Ocotlán, advirtieron que van a defender su territorio a costa de sus vidas.
“No vamos a permitir que el gobierno nos siga matando, autorizando que perforen nuestros terrenos. Vamos a unirnos y defendernos legalmente”, afirmó Pablo Pacheco Antonio, de la comunidad Monte del Toro.
Desde inicios de 2015, agregó, la empresa minera Cuzcatlán ha realizado trabajos de exploración minera en los límites ejidales de San José del Progreso, Monte del Toro y San Martín de los Canseco, sin el consentimiento de las asambleas comunitarias, por lo que en noviembre de 2015 firmaron una Declaratoria Regional de Territorio Prohibido para la Minería, misma que entregaron a los gobiernos federal y estatal, pero “hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta que garantice el ejercicio y respeto de nuestros derechos por parte de dichas autoridades”.
Denunció, asimismo, “graves afectaciones sociales, políticas y ambientales producidas por el proyecto ‘San José’ en la comunidad de San José del Progreso, donde se han cometido cuatro asesinatos y 12 personas fueron heridas por armas de fuego, además de los enfrentamientos comunitarios y la contaminación ambiental que continúan en completa impunidad”.
Preocupadas por las afectaciones de la minera en los Valles Centrales, las comunidades dañadas demandaron la cancelación de exploraciones por parte de la empresa Cuzcatlán, y exigieron una investigación imparcial y ética sobre los impactos en su territorio, así como la cancelación de las concesiones mineras con clave de referencia: 229652, 231866, 231751, 231752, 231796, 231537, 231538, 191184, 235699, 235700, 235074, 230489, 230278 y 238816.
Esas concesiones fueron otorgadas sin su consentimiento por la Secretaría de Economía a las empresas: Compañía Minera Cuzcatlán SA de CV, Minera Aurea SA de CV, Plata Panamericana SA de CV, Continnun Resources México SA de CV, Cia Minera y Metalúrgica Ejutla SA de CV.
Dichas resoluciones, subrayaron los afectados, violentan su derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.
Finalmente responsabilizaron a las autoridades federales, estatales y municipales, y a las empresas antes mencionadas, por cualquier acción o represalia en contra de las asambleas o autoridades comunitarias que participan en la defensa de su territorio.
También se solidarizaron con las comunidades del Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur, Sierra Norte y Costa, que se encuentra en resistencia contra proyectos de despojo, y se sumaron a la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio.