23 de Noviembre de 2011
Investigar y divulgar en Canadá el ataque a la institucionalidad de Costa Rica, por parte de una transnacional minera, fue solicitado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), capítulo de la Región Mesoamericana.
22/11/2011. La ANEP dio cuenta que se encuentra involucrada la empresa minera canadiense Infinito Gold Ltda., cuya subsidiaria en Costa Rica es Industrias Infinito S.A., accionante en un proceso Contencioso Administrativo ante la Sala Primera de la de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país.
En nota al representante mesoamericano de ISP, Oscar Rodríguez León, solicitan estudiar la posibilidad de hacer de público conocimiento en Canadá y en los demás países de la región, el ataque a la institucionalidad de Costa Rica, por medio de la filtración de un borrador de sentencia de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia.
La ANEP da cuenta a la ISP sobre información ventilada ante la prensa desde hace 10 días, y según denuncias del ex vocero de Industrias Infinito S. A., periodista y abogado, William Méndez Garita, un borrador de «la sentencia que definiría con calidad de cosa juzgada el futuro de la empresa en Costa Rica fue sustraído del despacho y entregado a los representantes legales de Industrias Infinito S. A., así como a dos de sus funcionarios canadienses».
«El señor Moisés Fachler, Magistrado Suplente de la indicada sala judicial, figura como sospechoso ante el Ministerio Público por la entrega del borrador de sentencia, lo que agrega mayor consternación en nuestro país y a las varias organizaciones sociales que estamos repudiando públicamente este grave acto que trasciende la lucha contra este proyecto minero, la lucha ecologista y directamente atenta contra la independencia del Poder Judicial y de los jueces costarricenses y demás institucionalidad pública de nuestro país», precisa la nota.
Por ello, la ANEP hace a Rodríguez «un vehemente llamado para que, por su intermedio, las organizaciones sindicales y sociales de Canadá, exijan al Gobierno canadiense la más completa investigación de las presuntas actuaciones ilícitas de la empresa Infinito Gold Ltda., con sede en Calgary, Alberta; y su subsidiaria con sede en Costa Rica, Industrias Infinito S.A., para llegar hasta las últimas consecuencias de estos actos bochornosos que han socavado la independencia del Poder Judicial y la soberanía de nuestro país».
«Considerando la pertenencia de la ANEP a la ISP, nos sentimos legitimados para formular la anterior solicitud; valorando el amplio espacio de incidencia de vuestra organización ya no solamente en la propia Canadá, sino en todo el continente americano y más allá de éste», resalta la organización.
Como documentación que demuestra la indignación y la vergüenza nacional sobre el caso, la ANEP envía informaciones divulgadas por diversos medios de comunicación, que incluye el editorial de ese medio, divulgado este lunes:
La trama Crucitas y la pobreza democrática
Editorial (*)
Al igual que el número creciente de personas sumidas en la pobreza, Costa Rica presenta, día con día, un empobrecimiento democrático. Algunas de sus manifestaciones las podemos encontrar en la escasa adhesión a los grupos o partidos políticos formales, la emergencia constante de demandas insatisfechas de numerosos grupos sociales, la mala opinión pública sobre la conducción del Ejecutivo y del Legislativo, así como, la acelerada desconfianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.
El caso Crucitas y todas las actuaciones irregulares relacionadas con la sustracción del borrador de sentencia de la Sala I, la participación en ello de altas autoridades judiciales, de hasta ahora considerados connotados juristas, bufetes y consultores al alero de grandes empresas transnacionales, emerge en este contexto como un gran desafío para la cúpula del Poder Judicial. Cúpula que al momento ha preferido atenerse a su relativa ineficacia tolerada.
Si la respuesta de la jerarquía judicial y la judicatura en general fallase esta vez, mostrándose incapaz de efectuar los necesarios correctivos que permita avizorar un cambio radical en la dirección correcta, estarían no sólo contribuyendo al empobrecimiento democrático sino olvidando que si las personas desconfían de la Justicia significa que desaparece la garantía para el ciudadano y la tan traída y llevada competitividad en el mundo global.
Se puede vivir de muchas maneras pero nunca sumido en la injusticia. El grave peligro de la justicia en cualquier país, es caer en la politiquería o servir a grupos de interés. Si la Justicia llega a caer en manos interesadas pierde su independencia, principio básico sobre el que descansa su naturaleza. Si la Justicia sirve a un determinado grupo político o de interés, significa la destrucción de la justicia, de ese mismo partido o grupo y por supuesto del sistema democrático y ello porque para erradicar tal injusticia tan solo se podría hacer aniquilando el sistema pues estaríamos ante la ausencia de seguridad. Llegado ese momento los responsables tendrán que responder muy seriamente, más temprano que tarde.
Ante tan graves hechos extraña la ausencia de posición de las agrupaciones políticas con militantes reconocidos involucrados en la trama así como de la mayoría de las demás, de los colegios profesionales y de los Institutos de ciencias jurídicas. Por el contrario, sorprende favorablemente las voces ciudadanas, organizadas o no de la sociedad civil, que se han manifestado de múltiples formas pacíficas sobre este nuevo caso de intromisión indebida en el Poder Judicial y sus repercusiones en una ya de por sí desdibujada división de Poderes. Voces que alertan, además, sobre los peligros de seguir tolerando la preeminencia del Ejecutivo sobre los otros dos Poderes y los grupos empresariales económicamente dominantes.
También constituye prueba de fuego para el Ministerio Público tanto por su dependencia dentro del Poder Judicial como por las muestras de accesibilidad para el Poder Ejecutivo que comporta un riesgo grave de empobrecimiento democrático también.
La prensa es testigo de las limitaciones para obtener la información y el acoso ha sido constante en este caso. Ha sorprendido a la ciudadanía en el caso Crucitas el Ejecutivo con declaraciones, directrices y/o decretos inexplicables y el Poder Legislativo con nombramientos de jerarcas de manera caprichosa. No deseamos más desconciertos de parte del Poder Judicial.
En las actuales circunstancias el respeto por la independencia judicial debe provenir de manera principal del propio Poder Judicial. Debiese manifestarse mediante el rechazo «ad portas» de la nueva maniobra ante la Sala IV en el caso Crucitas, de la reivindicación completa de la Sala I y llevando a los tribunales a quienes han mancillado el ordenamiento jurídico a través de lo que pareciera ser una práctica y una conducta conjunta irregular de bufetes, abogados inescrupulosos, funcionarios públicos y empresas transnacionales.
Sin posponer más, por otra parte, la cirugía mayor en las altas esferas judiciales para rescatarlo, para recobrar o no perder el peso de su platillo en la balanza. Porque no podemos soportar más seguir viviendo de mitificar sus rasgos ancestrales y tratar de ocultar que tenemos un Poder Judicial que presta un servicio calificado por la ciudadanía como de su propia ineficiencia.
El involucramiento de empresas extranjeras demanda actuar también con firmeza en el campo internacional. El Gobierno de Costa Rica debe exigir al Gobierno de Canadá la más completa investigación de los alcances de las actuaciones de la empresa Infinito Gold, con sede principal en Calgary, que permita desvelar conjuntamente hasta dónde han llegado los tentáculos de los negocios globales y los delitos globales en este caso en Costa Rica.Rica.
Firma responsable: Carlos Salazar F., Coordinador Diario Digital Elpais.cr