Fuente: OLCA.CL
En una demostración más de las irregularidades que envuelven al Proyecto Pascua Lama de Barrick Gold, el pasado 6 de marzo la Contraloría resolvió una denuncia por grave conflicto de interés que interpusiera la Asamblea por el Agua del Guasco Alto en 2017. Se trata de la doble militancia de Rodrigo Quintana, uno de los consejeros del Consejo del Estado (CDE), quien oficia como abogado de la propia Barrick Gold.
Quintana fue nombrado en el cargo por Ricardos Lagos en 2006 y, al momento en que denunciamos el hecho ante la Contraloría (2017), defendía a Barrick ante un recurso de protección por contaminación de aguas.
Se trata de una situación gravísima, repudiable y preocupante, ya que cualquier cargo que implique defender los bienes del Estado es totalmente incompatible con ser abogado de una de las empresas trasnacionales que más ha dañado el patrimonio natural nacional.
Así mismo, el propio CDE se había comprometido a evitar esto ante la Contraloría, indicando que: “en caso de existir cualquier conflicto de intereses, el funcionario en cuestión debe inhabilitarse y abstenerse de conocer y participar en cualquier debate y decisión que pueda adoptarse en relación con el asunto de que se trate”, lo cual fue ratificado por la Contraloría cuando, en su Dictamen, establece que: “ las labores de representación que desempeñó el aludido consejero en favor de la indicada Compañía Minera Nevada SpA (Barrick Gold) no resultan conciliables con la posición que el mismo tiene dentro de la Administración, toda vez que el ejercicio de aquellas se encontraba relacionado con el ámbito de las labores propias del Consejo de Defensa del Estado”.
Y justamente esto último fue lo que sucedió en enero pasado, cuando Barrick fue inculpada de daño ambiental irreparable a 13,8 hectáreas de llaretas y 2,16 hectáreas de vegas altoandinas y el Consejo de Defensa del Estado decidió interponer una demanda ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Ante el llamado a conciliación, el CDE negoció con la empresa y llegó a un acuerdo, que fue aprobado el 26 de mayo pasado por el Tribunal y en cuya decisión participó plenamente el consejero Quintana, como consta en el acta del 21 de enero (adjunta). Cabe hacer notar que como comunidad estuvimos en contra de conciliar y no respaldamos el acuerdo por considerarlo totalmente insuficiente, engañoso y un enorme agravio para el Valle del Huasco, toda vez que la serie de deficiencias del plan de restauración propuesto por Barrick no dan certeza alguna de que se reparará el daño causado.
Todo el proceso de conciliación y acuerdo fue una medida absolutamente favorable a la empresa y, más aún, resulta escandaloso que Quintana haya participado de la aprobación de este acuerdo, lo que a nuestro entender es un vicio que, por sí solo, exige su anulación.
Vale la pena mencionar que como comunidad no fuimos notificados de manera formal del dictamen de Contraloría y que nos enteramos por la prensa (https://lavozdelosquesobran.cl/el-silencioso-plan-para-revivir-pascua-lama-y-minera-dominga-en-plena-crisis-economica/?fbclid=IwAR2DUXH1NR_r_a8ciOCcTF8AnDcPv_4l3zCkLAkqRPeJMNsZvYgmpTO0Fvo). Con el fin de aclarar el motivo de esta omisión, interpusimos una nueva denuncia. El atraso en la notificación implicó que no pudimos denunciar el hecho antes de que el Tribunal Ambiental aprobará el acuerdo el pasado 26 de mayo. Con todo, el proceso de impugnación del acuerdo aún no está cerrado y existe un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta que fue acogido y que busca dejarlo sin efecto. Los alegatos tendrán lugar durante la próxima semana y no perdemos las esperanzas de que la Contraloría pueda actuar de oficio ya que ahora se sabe que Quintana fue parte de la toma de decisiones.
No es primera vez que Quintana (PS) se ve envuelto en este tipo de polémicas. Un reportaje de El Mostrador de 2017 (ver: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/01/07/abogado-del-cde-que-debe-defender-el-interes-fiscal-es-tambien-jefe-de-area-de-oficina-de-lobby-de-enrique-correa/) da cuenta de un historial que habla por sí solo: “Desde 2011 es socio del bufete Bofill Mir & Álvarez Jana (BMAJ), estudio que cuenta con decenas de clientes y varios litigios vinculados al Estado” y que justamente durante años tomó los casos de Pascua Lama. También es director de comunicación estratégica en el holding Imaginacción (una de las principales agencias de lobby más influyentes del país, encabezada por Enrique Correa).
Llamamos a la Contraloría a no dejar pasar más estos graves conflictos de interés que se presentan en el Consejo de Defensa del Estado, particularmente este que estamos denunciando. Queremos un país libre de corrupción. ¡YA BASTA!
#CierreDefinitivodePascuaLama
ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO