La Ley Minera debe dar prioridad a intereses públicos fundamentales para la sociedad mexicana.
La Ley Minera debe dar prioridad a intereses públicos fundamentales para la sociedad mexicana: el agua, la salud, el medio ambiente y la seguridad alimentaria, y para ello se debe construir una propuesta de modificaciones a la legislación de esta actividad industrial que “ha agudizado como nunca antes las tensiones sociales y los costos ambientales en toda América Latina”.
Esa fue la conclusión principal del Taller de discusión de la Ley Minera realizado el día de ayer en la Torre 2 de Humanidades en la UNAM, convocado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de esa institución, y que contó con la participación de académicos, grupos ambientalistas. Por el estado de Puebla estuvieron activistas de la organización civil Tetela hacia el Futuro. Participaron también miembros de los grupos opositores a las explotaciones mineras en San Luis Potosí (Minera San Xavier y el proyecto de Wirikuta) y Veracruz (Caballo Blanco), entre otros.
Organizado por el investigador Gian Carlo Delgado Ramos, coordinador del libro Ecología Política de la minería en América Latina, editado en el 2010 por la UNAM, el taller forma parte de un proceso de discusión colectiva que intenta, a través de una radiografía de la actividad minera en el país, fundamentar las reformas a la ley minera, empezando por la desmitificación de las bondades de esta actividad en la historia mexicana.
Para los investigadores y activistas presentes, las modificaciones a la ley minera deben incluir los siguientes puntos: la consulta pública de todo proyecto; quitarle el carácter de actividad preferente; quitarle el carácter de utilidad pública; la protección del territorio; la prohibición del sistema de tajo abierto; la prohibición del uso de cianuro; la eliminación del acceso preferente al agua; la reducción en el tiempo y tamaño de las concesiones; el replanteamiento en las regalías para beneficio de la comunidad. Todo ello en el marco de la priorización de los derechos fundamentales al agua, la salud, el medio ambiente sano y la seguridad alimentaria.
Entre los ponentes, además del organizador del taller, Gian Carlo Delgado-Ramos, estuvieron: el abogado Jorge Peláez Padilla (UACM y UNAM), Carlos Garibay Orozco (UNAM), Karina Buege Paré (Instituto de Ecología de la UNAM), Julieta Lamberti (COLMEX), Claudio Bucio Feregrino (Instituto Mora), Mario Martínez Ramos, Juan Carlos Ruiz Guadalajara y Rurik Hernández (Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, San Luis Potosí), Jesús Lara Chivarra y Aniceto Torres Robles (Comunidad Wixarika).