Chile, Litio

Corfo reclama a Albemarle incumplimientos de pagos en contrato por casi US$ 11 millones

09/09/2020
Estatal señala que la firma modificó este año la forma de pago de comisión en un convenio por producción y comercialización de litio, y analiza pasos a seguir.

Un nuevo conflicto en la industria del litio se viene fraguando sigilosamente en medio de la pandemia. Los protagonistas son Corfo y Albemarle quienes hace sólo dos años se enfrentaron en un arbitraje por no lograr un entendimiento respecto a una definición del precio preferente del 25% de su producción de litio, cuyo objetivo era implementar una industria de valor agregado en Chile.

Esta vez, la agencia estatal reclama a la competidora de SQM en el Salar de Atacama por incumplimientos en pagos por un contrato, deuda que alcanzaría casi US$ 11 millones.

El caso se remonta a un convenio básico que el 13 de agosto de 1980 suscribió Corfo con la entonces empresa Foote Minerals Company (actual Albemarle Lithium). El objetivo era desarrollar el proyecto de litio en el Salar de Atacama en parte de dichas pertenencias y de constituir una sociedad para la producción y venta de productos de litio, libre del pago de regalías o de otros cargos, y para la comercialización de productos de magnesio que se extraigan y procesen a partir de las salmueras. En este último caso, sujeta al pago de una comisión sobre el precio de venta.

En ese contexto, Foote Minerals Company y Corfo crearon la Sociedad Chilena de Litio Ltda. -SCL, luego Rockwood Litio Limitada y actual Albemarle Limitada-, con una duración igual al plazo necesario para explotar, producir y vender 200 mil toneladas métricas de litio metálico equivalente, estableciéndose un plazo inicial de 30 años, prorrogables automáticamente por plazos sucesivos de cinco años cada uno. Luego, Corfo dejó de ser parte de esta sociedad.

Pese a todo, el convenio básico se encuentra vigente y ha sufrido diversas modificaciones, siendo la última de ellas el denominado “anexo al convenio básico” que se firmó el 25 de noviembre de 2016. Entre algunos de los ajustes que se zanjaron fue que Corfo autorizó a Albemarle una nueva cuota para la producción y comercialización de litio, adicional a la ya existente, asociada a nuevas inversiones para expandir la capacidad productiva de la compañía.

Así, en ese anexo se estableció que Albemarle pagaría a Corfo una comisión sobre las ventas de productos de litio y demás productos extraídos del Salar de Atacama.

¿Cómo se define el pago? Para el cálculo de la comisión deben aplicarse reglas orientadas a que el precio que sirve de base de cálculo para la aplicación de la comisión, sea el valor que haya sido efectivamente pagado por el producto respectivo a Albemarle o a sus partes relacionadas por un tercero no relacionado.

En el caso que exista una concentración de ventas de Albemarle a terceros relacionados, la comisión correspondiente al trimestre respectivo se pagará sobre un precio provisional, reliquidándose las diferencias positivas con el cálculo de la comisión sobre la base del precio que fije un experto independiente.

La última palabra para la designación de este perito la tiene Albemarle quien elige a partir de una terna propuesta por la agencia estatal. Aunque puede cambiar el nombre en el futuro, en los últimos dos trimestres se ha elegido a Francisco Parro.

Y aunque desde la entrada en vigencia de este anexo en enero de 2017 se aplicó el contrato sin mayores problemas, estableciendo como precio provisional de pago de la respectiva comisión -ante la concentración de ventas de Albemarle- aquel que definía el perito para el trimestre anterior, las cosas cambiaron este año.

Según asegura Corfo al ser consultada por la aplicación de este contrato, “en el primer trimestre de este año Albemarle tomó la decisión de pagar el monto de la comisión provisoria, correspondiente al primer trimestre de 2020, de acuerdo a lo que ellos consideraron era el ‘espíritu del Anexo’, no tomando como referencia el valor definido por el perito, como se había realizado hasta esa fecha”.

“Corfo considera que los contratos son una ley para las partes y, por tanto, no es aceptable que Albemarle decida por sí y ante sí modificar la forma de pago de la comisión”, afirma.

De acuerdo a la agencia estatal, Albemarle adeuda a la fecha US$ 10,9 millones, que corresponde a la suma de las diferencias a favor de Corfo de US$ 7 millones del primer trimestre y de US$ 3,9 millones del segundo trimestre de este año.

Corfo explica que, cuando se detectaron las diferencias a principios de mayo, realizó un reclamo formal impugnando la liquidación de pago. Pero, según la estatal, “Albemarle entregó una respuesta basada en su propia interpretación de la cláusula respectiva”, cuyos argumentos se basan en el “espíritu del contrato”. Por lo tanto, agrega, “esta vía del diálogo no ha sido satisfactoria”.

“Corfo debe velar siempre por el interés público comprometido en la correcta ejecución y cumplimiento del contrato celebrado, así como en el resguardo del patrimonio fiscal, estando impedida de realizar acciones que excedan los términos y contenido de los contratos celebrados, como pretende la empresa al querer imponer una interpretación que difiere de la forma en que, hasta la fecha del incumplimiento, las partes habían venido cumpliendo sus obligaciones”, enfatiza.

¿Se inicia nuevo arbitraje?
Desde Corfo reconocen que con Albemarle nunca ha habido una situación de incumplimiento en los pagos de las comisiones por venta de productos. “En materia de ejecución contractual no se sientan ‘precedentes’. Acá hay un problema puntual que tenemos con Albemarle relativo a una interpretación que ellos quieren dar a una cláusula del contrato. En ese sentido, debemos solucionarlo de la forma como el contrato señala”, dicen.

Sin embargo, los acercamientos entre las partes estarían en punto muerto, por lo que la estatal estaría analizando sus pasos a seguir. Las alternativas para zanjar la disputa están en el propio contrato que, si bien no contempla sanciones o cláusulas penales, sí consigna una cláusula de arbitraje para la resolución de conflictos ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Consultado, Albermarle declinó referirse al respecto.

Bitran: “El no pago es un incumplimiento grave”

Quien conoce este tipo de controversias es el exvicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran. Consultado, sostiene que el conflicto tiene similitudes con el episodio entre la Corporación y SQM en 2013, donde la estatal inició acciones judiciales contra la minera no metálica por incumplimientos de contratos.

Ante este contexto, Bitrán plantea que se deberían tomar acciones legales similares. “El no pago es un incumplimiento grave del contrato, Corfo tiene las herramientas jurídicas para actuar en esta materia y es algo que deben estar estudiando para actuar”, recalca, agregando que “Corfo tiene que buscar que se pague lo que corresponde”.

Desde Corfo precisan que el monto adeudado en relación al presupuesto total vigente de la Corporación representa cerca de un 1%, siendo de todas formas relevante dado los recortes presupuestarios que se han realizado por la crisis sanitaria.

“Más allá del impacto que dicha deuda pudiera provocar, lo relevante acá es que sea cual sea el monto, Corfo está obligada a defender el patrimonio fiscal y a hacer valer siempre la correcta ejecución y cumplimiento contractual”, advierten.
Fuente: Diario Financiero

Corfo reclama a Albemarle incumplimientos de pagos en contrato por casi US$ 11 millones