Llegaron desde todos los rincones de Colombia. A eso de las 12:30 del mediodía del 2 de octubre, 47 campesinos, vestidos con cascos amarillos y camisetas que decían “Anglo Gold Ashanti”, rodearon con una cinta amarilla la cara del Palacio de Justicia que da a la Plaza Bolívar.
Antes, Renzo Alexander García, el vocero del Movimiento Nacional Ambiental, y otros integrantes de esa organización, les daban instrucciones a los delegados de más de 100 organizaciones ambientales, sociales y campesinas que organizaron el acto simbólico.
-Tienen que mostrarse serios, rígidos, dar la señal de que nadie puede pasar-, les decían.
Estaban nerviosos. Para muchos era la primera vez que abandonaban la protesta tradicional, con arengas y pitos y palmas y otros cuerpos cercanos marchando, para pararse solos en el centro de Bogotá y denunciar lo que para ellos es la captura del poder legislativo por parte de las empresas mineras y petroleras.
“Hoy hemos hecho un encerramiento simbólico del Palacio de Justicia y de la Corte Constitucional, demostrando que esa Corte se encuentra capturada por el poder corporativo y los intereses tras nacionales. Vinimos a denunciar que el sector extractivo es quien le están diciendo a la corte que reviertan los derechos fundamentales de los colombianos para favorecer a los intereses particulares”, dijo Renzo García.
Su protesta tenía tres destinatarios específicos: los magistrados Alejandro Linares, María Cristina Pardo y Diana Fajardo. Para los líderes ambientales, los tres deberían declararse impedidos, pues tienen vínculos con el gremio minero y petrolero, o ya se han manifestado en contra de las consultas, dice García.
Y es que la Corte hoy estudia una tutela que podría frenar de un tajo la ola de consultas populares que se oponen a proyectos mineros y petroleros en el país, y que inició con Cajamarca. La tutela, interpuesta por Mansarovar Energy, le exige al estado que le cumpla el contrato para explotar petróleo en Cumaral, que el año pasado, a través de una consulta, le dijo NO al petróleo. Todo el gremio minero -incluido el Ministerio de Minas- respaldan a la empresa.
El actual presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol hasta 2015, cuando la llamada “puerta giratoria” lo llevó hasta la Corte.
Apenas en junio del año pasado, en una intervención en el Congreso Nacional de Minería, Linares dijo que, en temas de conflictos entre derechos ambientales versus la explotación minera, “ con la nueva corte este va a ser un tema que vuelva a su cauce natural, en la medida en que la mayoría de los nuevos elegidos son copartidarios de Luis Emilio Sierra (ex senador conservador, promotor de un nuevo código de Minas). Son gente más sensata y menos progresista”.
Con los nuevos elegidos, Linares se refiere a las otras dos magistradas que los campesinos y líderes ambientales piden se declaren impedidas: Diana Fajardo y Cristina Pardo. “Diana Fajardo, desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se manifestó una y otra vez contra la capacidad vinculante de las consultas”, expresó García.
Por su parte, el vocero recuerda que cuando Pardo era secretaria jurídica de la Presidencia, desde el Palacio de Nariño se emitieron dos decretos que eventualmente el Consejo de Estado tumbó por violar derechos fundamentales: el 2691 de 2014, en el que los municipios debían demostrar, en el lapso de tres meses, por qué no querían minería, y, de no hacerlo, se asumía como una aceptación de ese tipo de actividades en el territorio.
El segundo, emitido un año antes (934 de 2013) prohibía a las autoridades locales y regionales de establecer zonas excluidas de la explotación minera de manera permanente o transitoria. Ambos decretos, como cualquier otro, pasaron por la lupa y la aprobación de Pardo antes de que el expresidente Santos estampara su firma en ellos.
Pardo fue la encargada de redactar el fallo que, de ser aceptado, limitaría seriamente la capacidad de las tutelas de frenar la minería en los territorios. Tal como reveló El Espectador, su propuesta de fallo dice que las consultas populares deben tener en cuenta que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Mejor dicho: que lo que se decida en los municipios no puede interferir en los planes del gobierno central.
La propuesta de fallo, si bien reconoce que no hay otras vías legales para que las comunidades se opongan a estos proyectos, resuelve esa controversia dando dos años para que el Congreso expida esa regulación “de vital importancia ambiental y social para el país”. Así, si se aprueba, la consulta popular de Cumaral quedaría sin efecto y, de paso, todas las demás.
“Ellos insisten en una visión en la que plantean que el subsuelo es el estado. Pero es que el estado no solamente es el presidente y el ministro, ni las agencias ambientales y de minería, el estado implica esos sectores, pero también los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los diputados y la ciudadanía. Nosotros también somos dueños del subsuelo, somos copropietarios del subsuelo, luego tenemos una voz y poder de decisión frente a estos proyectos mineros y petroleros”, dice Renzo García.
Hoy, reunidos en el Palacio de Justicia, los magistrados siguen estudiando la tutela, y decidirán sobre los posibles impedimentos de los tres magistrados. ¿Habrán escuchado los cánticos del lunes que les exigían “Consultas para tener voz”?
Fuente:http://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/comunidades-pais-protestan-derecho-la-consulta-popular