Manuel Espino Bucio 2016-05-18
Por primera vez una comunidad indígena de la montaña de Guerrero logró la cancelación de dos concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía a las empresas Zalamera y Hochschild, ésta última de origen peruano y de capital inglés.
Se tratan de los habitantes del municipio de San Miguel del Progreso, los cuales obtuvieron un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la exploración y explotación en su territorio.
Ambos consorcios recibieron los permisos para los proyectos denominados “Corazón de Tinieblas” y “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas”, que abarcan más de 40 mil hectáreas que conforman once núcleos agrarios de seis municipios y alrededor de 240 comunidades indígenas.
Al enterarse en febrero de 2014 de que su territorio sería intervenido, interpusieron una demanda de amparo ante el Juez Primero de Distrito de Guerrero, que determinó que habían sido violados los derechos de la comunidad al no ser consultados por la autoridad antes de entregar los títulos.
No obstante, la sentencia fue impugnada por el gobierno federal mediante un recurso de revisión. Pero a la par, la comunidad, con apoyo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, solicitó a la Corte atraer el caso para analizar a fondo si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado.
Cuando la demanda estaba próxima a discutirse, después de ser admitida por el máximo tribunal de justicia del país, la comunidad indígena de San Miguel del Progreso fue notificada en 2015 que las empresas Zalamera y Hochschild se desistieron de su respectiva concesión.
“La cancelación de las concesiones es resultado de la organización comunitaria y representa un triunfo inédito para una comunidad indígena, pues es la primera vez que al acudir a la Justicia federal un pueblo originario alcanza la cancelación”, destacó Maribel González, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña.
Sin embargo, González solicitó a los ministros de la Corte analizar de fondo la solicitud de amparo sobre la Ley Minera, ya que a pesar de que se cancelaron las concesiones se deja abierta la posibilidad de que éstas u otras empresas vuelvan a solicitar permiso de explotación para el mismo territorio.
“Es un triunfo, pero las concesiones siguen afectando a la comunidad dado que se emitió una declaratoria de territorio libre que da la oportunidad de que las empresas, inclusive las mismas, soliciten permisos sobre ese mismo territorio, por lo que solicitamos a la Corte que analice la Ley Minera, concretamente en sus artículos 6,10 y15”, señaló Maribel González.