– ¿Se puede dialogar con alguien que no te escucha y que no coloca en acta lo que pides con insistencia?
Los representantes de las comunidades de Lambayeque que se oponen a la realización del proyecto minero Cañariaco se declararon en “permanente movilización y resistencia” porque consideran que el Gobierno “obvió” sus demandas en la mesa de diálogo llevada a cabo el día anterior en Ferreñafe.
Tras los enfrentamientos entre la policía y los campesinos en el marco del paro contra el proyecto minero Cañariaco de la canadiense Candente Cooper, el gobierno promovió las tradicionales “mesas de diálogo” entre representantes del Estado, los gobiernos locales y las autoridades comunales.
La segunda reunión se llevó a cabo el sábado dos de febrero pero los funcionarios del gobierno se opusieron a debatir y colocar en el acta el principal pedido comunal: el rechazo al proyecto Cañariaco y el retiro de la empresa candente Cooper.
Ante la negativa oficial a los representantes de la parte comunal no les quedó otra opción que negarse a firmar el acta. “Yo no firmo pero no me corro” dijo Cristóbal Barrios Carrillo, presidente de la Comunidad San Juan de Cañaris.
Al día siguiente, en una asamblea realizada el domingo 3 en Chiclayo, los representantes comunales de la zona en conflicto acordaron declararse en estado de “movilización permanente” y exigir el retiro de los efectivos policiales de la zona, así como el respeto a la consulta popular del 30 de septiembre de 2012 donde se hizo expreso el mayoritario rechazo a la minera.
La mesa de “diálogo” que no escucha
La mesa de diálogo instalada el 2 de febrero en la municipalidad de Ferreñafe estuvo conformada representantes del Ministerio de Energía y Minas, Vladimiro Huaroc, Alto Comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros funcionarios.
Por la población de Cañaris estuvieron Cristóbal Barrios Carrillo, presidente de la comunidad, y Rosa Sara Huamán Rinza, como miembros titulares y José Gaspar Lucero como miembro suplente, acompañados de los regidores de la Municipalidad de Cañaris Hilario Rodríguez y Germán Lucero, entre otros.
La mesa tuvo como propuesta final conformar dos subgrupos de trabajo: Uno para el tema de minero y ambiental; y el otro para el tema de desarrollo social sostenible.
Se anunció también que estará disponible un paquete de 100 millones de soles para cubrir las demandas de la población.
Antes del cierre de la mesa, el presidente de la comunidad de Cañaris, Cristobal Barrios solicitó tratar el problema minero de manera urgente ya que ésta es la principal preocupación de la población. Pero su pedido fue rechazado por Vladimiro Huaroc arguyendo que no se había solicitado tratar el tema como punto de la mesa.
Ante la negativa de abordar el conflicto minero y el rechazo de la contraparte a sus pedidos de suspender el proyecto Cañariaco y de presentar el acta de una cuestionada “asamblea” que autorizó a la minera proseguir con sus operaciones, Barrios rechazó firmar el acta de la mesa de diálogo.
“En el acta no está el pedido de paralización del proyecto minero. Por esta razón mi persona no va a firmar. También he pedido un acta del día ocho de julio donde también debería estar incluido mi pedido, y tampoco está. Por esta razón yo no firmo y no me corro. Estamos siempre dispuestos al diálogo”, afirmó Barrios a la prensa luego de retirarse de la reunión.
Los representantes de Cañaris afirmaron que desde un principio solicitaron tocar el tema del problema minero y que los representantes del Gobierno anunciaron en repetidas ocasiones que irían a resolver la controversia. Pero al mostrar una conducta distinta optaron por retirarse y reunirse con el resto de sus compañeros que se manifestaban a una cuadra del local.
Acuerdo comunal
El domingo 3 de febrero, representantes de las comunidades campesinas de San Juan de Cañaris, San Isidro Labrador de Marayhuaca, José Carlos Mariátegui, San Pablo de Incahuasi, así como de las rondas campesinas y de los frentes de defensa de los bosques húmedos de los distritos de Cañaris, Incahuasi, Salas, Miracosta y Motupe se reunieron en Chiclayo.
Allí se evaluaron las acciones a tomar tras el frustrado intento de diálogo con el Gobierno del día anterior.
En la asamblea, los participantes emitieron un pronunciamiento en el cual se declararon en “permanente movilización y resistencia” pues consideran que los representantes del Gobierno Central y regional de Lambayeque, así como los gobiernos locales que participaron en la mesa de trabajo “obviaron” sus propuestas.
Asimismo, expresaron su desconfianza acerca de las “mesas de diálogo” porque “por experiencia” las autoridades “desconocen y no respetan los derechos de los pueblos indígenas y originarios”, indicaron.
Reafirmaron su exigencia para el retiro inmediato de las fuerzas policiales en sus territorios puesto que la seguridad está garantizada por sus rondas campesinas.
“Exigimos como condición para el diálogo el retiro inmediato de las fuerzas policiales de nuestros territorios, puesto que de acuerdo a nuestro derecho consuetudinario la seguridad comunal está garantizada por las rondas campesinas y no hay necesidad de la presencia de gran contingente policial fuertemente armado en la zona”, afirmaron.
Los comuneros indican que la inversión para el desarrollo que propone el Gobierno Central para la zona “no puede condicionar ni confundir” su reclamo ya que es responsabilidad del Estado realizarla.
Igualmente, condenaron la presunta parcialización del Gobierno a favor de las empresas extractivas.
“El monitoreo ambiental están parcializado tal como lo han demostrado las autoridades en el espacio de dialogo el día 2 de febrero, a favor de las empresas extractivas mineras al no querer tocar el problema por el cual luchamos”, anotaron en el documento.
Los líderes señalaron en el pronunciamiento que su biodiversidad y “vida colectiva” corren “altos riesgos de desaparición e índices de contaminación por la utilización y generación de elementos químicos altamente tóxicos como: cianuro, arsénico, mercurio y plomo”, concluyeron.
Asimismo, los suscritos denunciaron que la empresa promueve “la corrupción de dirigentes y autoridades”, mediante el “chantaje, división, confrontación y formación de organizaciones paralelas para debilitar y deslegitimarnos como comunidades originarias, indígenas y ronderiles”.
De igual forma, denunciaron que los gobiernos regionales y locales aceptan “diálogos amañados de acuerdo a los objetivos de las transaccionales” con el Gobierno Central.
Postergan tercera mesa de diálogo
El presidente de la comunidad San Juan de Cañaris, Cristóbal Barrios, aseguró ayer que solicitaría al Gobierno la postergación de la tercera mesa de diálogo, programada para el 9 de febrero, porque necesita tiempo para informar a las 45 comunidades el resultado de la anterior mesa de diálogo.
“Vamos a enviar un oficio a la PCM indicando que no participaremos en la siguiente mesa de diálogo mientras la población no determine qué vamos a hacer ante este hecho”, afirmó.
Por su parte, Vladimiro Huaroc anunció en un medio de comunicación que el 16 de febrero se instalarán dos mesas de diálogo: una para analizar el desarrollo de la zona y otra para tratar el problema minero.
De acuerdo al funcionario, en la próxima mesa participarán representantes del Ejecutivo y de la empresa minera Candente Cooper Perú S.A.
Huaroc consideró que la mesa del pasado dos de febrero sirvió para que sectores “radicales” accedan al diálogo.