Después de casi 6 años de haberse criminalizado a 18 defensores de derechos humanos que
protestaban contra el Estado y el proyecto minero Las Bambas
Lima, 22 de febrero del 2021
Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba-
Cotabambas acoge solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público
y de la Defensa Legal de los defensores criminalizados y dispone
cerrarles el proceso judicial
Mediante Resolución de fecha 17 de este mes, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba-
Cotabambas resolvió declarar fundada la solicitud de sobreseimiento (cierre del proceso penal) contra 18
defensores de derechos humanos, esto es comuneros campesinos injustamente investigados, desde
setiembre de 2015, por la comisión de delitos de usurpación agravada y asociación ilícita para delinquir
(Expediente No. 41-2016, Especialista Legal Juan Carlos Carbajal Rayme).
Como se recordará a fines de setiembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas por el
proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional iniciaron
una serie de protestas públicas, ante el desinterés del estado peruano de atender sus demandas por
afectación a sus derechos fundamentales, generada por la actuación de la empresa MMG Las Bambas
(propietaria del mencionado proyecto minero) que entre otras cosas venía afectando su derecho a vivir en un
medio ambiente sano y equilibrado.
Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada contra los integrantes
de las comunidades campesinas que protestaban en esos días y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa
denunciaron falsamente de la comisión de diversos delitos a dichos campesinos que no hacían otra cosa que
ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la protesta social, razón por la cual la Fiscalía Mixta de
Challhuahuacho decidió formalizar una investigación penal en su contra.
La referida investigación terminó y en junio de 2019, la Fiscalía Mixta de Challhuahuacho formuló un
requerimiento mixto contra los investigados (en un extremo solicita el cierre del proceso por determinados
delitos y en otro extremo acusa por otros delitos), solicitando se sobresea (cierre) el proceso por los delitos
de usurpación agravada, asociación ilícita para delinquir, daños agravados, entorpecimiento a las vías de
comunicación y disturbios seguido a Hugo Américo Huillca Peña y José Antonio Lima Lucas.
Asimismo, solicitó que se cierre el proceso por los delitos de usurpación agravada y asociación ilícita para
delinquir seguido a: Veluz Virginia Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quispe, Ronald Andrés Bello Abarca, Juan
Pablo Cconislla Gallego, Jacinto Lima Lucas, Jaime Osorio Aguilar, Alem Torre Garcés, Maximiliano Huachaca
Mamani, Lucio Dario Chauca Carrasco, Walter Moreano Andrada, Romualdo Ochoa Ayza, Franklin John Tejada
Salas, Walter V Velazco Chinchayo, Roberto Martínez Huamaní, Lizbeth Abarca Peña y Cosme Bolívar
Escudero.
Al respecto, en la antes citada Resolución el Juzgado señaló que durante la investigación preparatoria no se
había acreditado la existencia de elementos de convicción que acrediten que los investigados pudieran habercometido los delitos por los cuales se les venía investigando y, que tampoco se había sustentado la presencia
de todos los requisitos que exige la ley para calificar como sancionables penalmente la conducta de los 18
investigados en los delitos de usurpación agravada y asociación ilícita para delinquir. Adicionalmente,
consideró que en los casos de Hugo Américo Huillca Peña y José Antonio Lima Lucas, tampoco se habían
cumplido con los requisitos que exigen los tipos penales de daños agravados, entorpecimiento a las vías de
comunicación y disturbios, por lo cual para éstos dos últimos estaría cerrándose el proceso en forma definitiva,
salvo que se formule apelación por la defensa de la empresa MMG Las Bambas.
En relación a ello, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, organismo no gubernamental
de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú, que asumió la defensa legal de los campesinos
acusados, en forma conjunta con APRODEH y el apoyo institucional de COOPERACCION, expresa su
satisfacción con esta Resolución Judicial que decide cerrar el proceso por los delitos antes señalados.
Sin perjuicio de ello, expresa también su rechazo a la acusación fiscal, contenida en su mismo recurso de junio
de 2019, por la cual solicita se lleve a juicio oral y solicita la imposición de penas privativas de libertad de entre
8 y 11 años de prisión contra: Veluz Virginia Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quispe, Ronald Andrés Bello
Abarca, Juan Pablo Cconislla Gallego, Jacinto Lima Lucas, Jaime Osorio Aguilar, Alem Torre Garcés, Maximiliano
Huachaca Mamani, Lucio Dario Chauca Carrasco, Walter Moreano Andrada, Romualdo Ochoa Ayza, Franklin
John Tejada Salas, Walter V Velazco Chinchayo, Roberto Martínez Huamaní, Lizbeth Abarca Peña y Cosme
Bolívar Escudero, por la supuesta comisión de los delitos de los delitos de: daños agravados, entorpecimiento
a las vías de comunicación y disturbios. Para lo cual se ha señalado continuación de Audiencia de Control de
Acusación para el 1 de marzo de 2021, oportunidad en que la defensa legal de los campesinos sustentará su
solicitud de sobreseimiento, también, por estos delitos, con la convicción de que se declare fundada dicha
solicitud.
FEDEPAZ, con relación a lo señalado en el párrafo inmediato anterior, considera que con esta injusta y
arbitraria acusación se evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a
todos aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y
empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.
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