08 de Agosto 2011
Zoraya Urbina
Ricardo Navarro, Miembro de CESTA, inconforme tras la cuarta suspensión del juicio en contra de los asesinos de los ambientalistas de Cabañas.
La impunidad y poca atención de las autoridades en el caso de los asesinatos en Cabañas, relacionados con la minería, son preocupantes, dijo el ambientalista Ricardo Navarro.
El representante del CESTA (Centro de Tecnología Apropiada) expresó su inconformidad porque por cuarta vez, a finales del mes pasado, se suspendió el juicio contra los implicados en los asesinatos de líderes ambientalistas de la zona.
En 2009, en Sensuntepeque, Cabañas, fueron asesinados Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto, quien estaba embarazada, todos eran miembros del Comité Ambiental y férreos opositores a la explotación minera que pretende hacer la empresa Pacific Rim en la zona.
Este año, el 4 de junio, fue asesinado el ambientalista Juan Francisco Durán Ayala, quien había desaparecido el 3 cuando iba a clases a una universidad en San Salvador.
El cuerpo fue encontrado en Soyapango y fue enterrado en una fosa común, porque según la Policía no tenía documentos y se creyó era un pandillero.
En ese contexto, Francisco Pineda, miembro del movimiento ambiental, exigió a las autoridades que las investigaciones, no sólo fueran expeditas, sino exhaustivas.
¿Quién les paga?
La Fiscalía General de la República ha argumentado que la falta de fondos para el traslado de los acusados es una de las causas para detener el proceso, “¿cómo pueden salir con esto?”, cuestionó Navarro.
Asimismo, criticó declaraciones del Fiscal General, Romeo Barahona, de aducir que las muertes tienen que ver con rencillas personales y con maras. Navarro dijo que no dudaba de la existencia de pandillas en la zona, “¿pero quién las paga?”, agregó.
Navarro manifestó que la situación no es difícil de entender puesto que hay más de $1,800 millones que la empresa Pacific Rim “quiere llevarse”, así como otros tantos miles que beneficiarían a otras personas y entidades.
Asamblea y Presidencia tienen responsabilidad
“La violencia tiene que ver con la Asamblea Legislativa por no emitir una ley que prohiba de una vez la minería metálica en el país”, enfatizó.
Asimismo, Navarro responsabilizó no sólo a los legisladores, sino al Presidente de la República, Mauricio Funes, por no hacer uso de una iniciativa de ley para evitar este mal. “Ellos tienen responsabilidad en esta ola de violencia”; puntualizó.
Pidió también a Funes que haga uso de sus buenos oficios con su homólogo Álvaro Colom, para que la explotación minera en el Cerro Blanco, Guatemala, no contamine el Lago de Guija, que surte de agua a la zona.