El año 2014 ha estado plagado de ambivalencias en los discursos y accionar del sector público en temática ambiental. Como sociedad civil, comunidades y organizaciones nos hemos enfrentado, por un lado con anuncios y promesas que parecieran promover un cambio en la gestión ambiental en Chile y, por otro, con acciones y políticas que profundizan el extractivismo y la depredación acelerada de los bienes comunes, incluyendo la vida misma.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente los discursos hablan de avanzar hacia la protección del medio ambiente y abogan por un desarrollo sustentable, pero luego los planes de gobierno hablan de quintuplar la inversión minera de los últimos 20 años en menos de la mitad del tiempo, o de renovar el decreto 701 de monocultivo forestal, o de persistir en transformarnos en potencia alimentaria a costa de desnutrir nuestros hábitat, nuestras culturas y cosmovisiones.
Recientemente en la COP20 en Lima, los representantes del gobierno chileno manifestaron su preocupación profunda por el cambio climático e instaron a los otros países participantes a trabajar en conjunto en una nueva Alianza del Pacífico en la materia, pero siguen promoviendo la termoelectricidad como solución energética para las mineras y aprobando proyectos como termoeléctrica Punta Alcalde que será la más grande a carbón de Chile y que seguirá incrementando la emisión de gases a la atmósfera. De hecho, antiguos rostros como Ricardo Lagos llegaron a la COP lanzando el informe “La nueva economía del clima”, que señala que los costos económicos de enfrentar la crisis climática son los mismos que si no se enfrentan, y que se hace urgente buscar alianzas público privadas para abordar esta temática; lo paradójico es que en Chile el mismo Lagos está promoviendo alianzas público privadas para crear una plataforma minera a pedir de boca de las transnacionales, que busca profundizar y legitimar el extractivismo como la única forma de desarrollo posible para Chile.
En este marco creemos que deben ser miradas las reformas legislativas en curso, que dan cuenta del avance de los movimientos socioambientales en la instalación de demandas y de nuevas visiones, pero que no están dotadas de mecanismos eficientes como para garantizar la salvaguarda de derechos humanos fundamentales como el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud, el derecho a el agua, al trabajo, a la autodeterminación, etc. Un ejemplo claro es la reforma tributaria y la inclusión de impuestos verdes bajo el principio de que “el que contamina paga”, eludiendo acompañarlos de una rigurosa legislación y normativa ambiental para que no se traduzcan en un simple pago de derechos por contaminar que es el destino que tendrán en la actual institucionalidad, cuestión que como organizaciones rechazamos, pues no nos sirve para evitar el daño socioambiental en nuestros territorios.
Especial mención requiere la reforma al Código de Aguas. Vemos con honda preocupación que el trabajo de la Comisión de Recursos Hídricos fue borrado de un plumazo por el poder ejecutivo, el que propuso una reforma que consolida el acaparamiento de las aguas, naturaliza la sequía escondiendo las razones políticas que han generado la situación, promueve soluciones para el negocio extractivista y no para los territorios, perpetúa la noción del agua como propiedad controlada por el mercado y ratifica una mirada cortoplacista letal para nuestras comunidades. Esto es impresentable, el Código debe ser derogado, y reemplazado por un instrumento legal que entienda las aguas superficiales y subterráneas como una unidad, que proteja el agua en todas sus formas: ríos, esteros, vertientes, glaciares, bofedales, turbedas, aguas marinas, etc, que asegure el acceso a todos los habitantes de este país, que permita la regeneración de los sistemas hídricos dañados, y la estabilización de los que están en estado crítico; y cuyo objetivo sea asegurar la protección de las cuencas en tanto ecosistemas, tanto como la vida digna de los habitantes de nuestro país.
No obstante esta ezquizonofrenia evidente de la gestión ambiental del gobierno este 2014, celebramos conquistas ciudadanas relevantes como la paralización El Morro, el retiro de planta CCU de Paine, del proyecto termoeléctrico en pichidegua, la matención de la paralización de Pascua Lama, la anulación de las modificaciones que debilitaban la Normativa de material particulado, la pérdida de los Derechos de agua de Endesa en Neltume, el cuestionamiento a la viabilidad de Andina 244, la exitosa marcha Nacional por Recuperación del Agua, e indudablemente también el rechazo al proyecto Hidroaysén, que si bien quieren transformar en un elemento de chantaje para imponer proyectos energéticos, sobre todo termoeléctricos, en otros territorios, sin duda constituyen antecedentes irrefutables del poder movilizador de comunidades que se atreven a valorar lo que son, su entorno y su vida.
Otro frente de lucha relevante que se viene abriendo es la declaración de zonas de importante valor ambiental como Santuarios de la Naturaleza, como es el caso del Humedal de Tunquén, fruto del trabajo de años de una sociedad civil organizada, que llegó a buen puerto. Esperamos que situaciones así se multipliquen, que los procesos sean más ágiles y que la conservación ambiental recupere el carácter comunitario que siempre debería haber tenido.
Nos parece positivo que existan programas de recuperación ambiental de zonas saturadas de contaminación. Creemos que es algo necesario y urgente. Sin embargo, estos esfuerzos carecen de sentido cuando no son acompañados de medidas integrales para frenar esta contaminación. Esto es lo que sucede en zonas como Huasco y Ventanas, que cuentan con proyectos de recuperación ambiental, al mismo tiempo que han sido aprobados una serie de proyectos altamente contaminantes para seguir agravando la afectación de los derechos socioambientales y la calidad de vida de estos territorios. De esta forma, la recuperación ambiental pareciera ser como los impuestos verdes, un disfraz a la medida para la voluntad de continuar contaminando zonas ya saturadas o en latencia ambiental.
Otro tema que nos preocupa y que hicimos público el 10 de Diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, es la creciente criminalización y violencia a la que se han visto enfrentados los dirigentes de las comunidades organizadas en pos de la defensa de sus territorios y los bienes comunes ante determinados proyectos de inversión. Los casos de Rodrigo Mundaca y la Machi Millaray son ejemplos patentes de ello, siendo sólo la parte visible mediáticamente de situaciones que han enfrentado las comunidades. Esta situación pone una nota negra a todo el discurso solemne de diálogo y defensa del medio ambiente del cual hacen uso los gobernantes.
Otro tema que seguro seguirá siendo noticia el 2015 es el paquete de 30 medidas pro-inversión propuesto por el Ejecutivo, utilizando la desaceleración económica y la reforma tributaria como contexto y argumento. Entre estas medidas, se considera facilitar el proceso de evaluación de impacto ambiental y de aprobación de los proyectos de inversión, lo que tememos tendrá consecuencias negativas en la calidad de la EIA, tanto en términos técnicos, como de la correcta ponderación por parte de los servicios y la ciudadanía. Especialmente considerando, que con la legislación vigente el período con el que cuentan los servicios es bastante acotado para poder revisar en detalle y con ojo crítico los informes presentados por las empresas postulantes. Esto empeora en el caso de la participación ciudadana, donde las comunidades no siempre se enteran a tiempo de los plazos para presentar observaciones, como tampoco cuentan con organizaciones sociales ni las herramientas técnicas suficientes para responder a tiempo. Las medidas proinversión, son solo eso, la cautela de la inversión y del derecho a la propiedad, por sobre la cautela de economías locales y los circuitos virtuosos de circulación del capital.
Creemos que el SEIA, si realmente es un instrumento para proteger el ambiente y las comunidades que lo habitan, debe basarse en el principio precautorio, de manera que se tenga la certeza de que los proyectos aprobados cumplirán con las normativas y no generarán impactos ambientales y sociales que pongan en riesgo la vida en los territorios involucrados. Esto no se puede lograr si el SEIA funciona como una ventanilla única para el trámite de los proyectos.
Otra cuestión que resulta aterradora, es la política energética propulsada por el ministro Pacheco, que ha dado un irresponsable espaldarazo a proyectos energéticos específicos como Alto Maipo o la carretera eléctrica Cardones-Polpaico, dando cuenta nuevamente de la tensión entre el discurso ambiental del ejecutivo, y el curso concreto de su gestión.
En el área energética, nos hemos enfrentado no tan solo a esta posición tozuda frente a proyectos en proceso, sino que también a una reactivación de proyectos que ya se encontraban rechazados, como es el caso de Punta Alcalde. Esta situación ha puesto en alerta y en movimiento a las comunidades, significando, una vez más un atropello hacia la voluntad popular y un aún mayor socavamiento de la representatividad de la política chilena y del modelo de mal desarrollo, basado en el extractivismo, con el cual el Estado se ha abanderado de manera tan tajante. El pueblo está cansado, y cada día son más las y los que no creemos en que los gobiernos, ni la estructura democrática ideada en dictadura, velan por el bien común del país. Cada día más el Estado es visto como un aparato frente al cual hay que protegerse.
Estamos convencidos de que el camino que está siguiendo el gobierno de BAchelet es el de la promoción de la conflictividad, ya en 2013 el Instituto Nacional de Derechos Humanos señalaba que el 24% de los encuestados considera que su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación ha sido vulnerado, y que un 39% considera que es el Estado quien es responsable por velar que los derechos humanos se respeten.
Finalmente, este año ha estado marcado por los impactos ambientales de proyectos de inversión en construcción y ejecución, con graves consecuencias. Quizá el más destacable, fue el derrame de petróleo de ENAP en la bahía de Quinteros, ante el cual la reacción de las autoridades fue lenta y poco transparente. Sin embargo, a nivel local, de manera cotidiana las comunidades se ven enfrentadas a estos impactos: contaminación de ríos por parte de empresas mineras, intoxicaciones con plaguicidas, mortalidad de fauna y flora local, aumento de enfermedades asociadas con la contaminación ambiental. Creemos que es necesario que exista la capacidad y el compromiso de parte del Estado de hacer un seguimiento efectivo de estas situaciones, y esperamos que la recién creada Superintendencia del Medio Ambiente siga promoviendo un rol más activo en esto, poniendo como prioridad el bienestar de las comunidades y la protección del medio ambiente. Es urgente mayor investigación en terreno de la situación de la salud ambiental en Chile.
Frente a toda esta situación, las comunidades y las organizaciones no gubernamentales, hemos sido capaces de avanzar en la construcción de una red cada vez mayor y más fuerte para luchar por la defensa de nuestros territorios, nuestros derechos y del medio ambiente de nuestro país. A partir del trabajo territorial, del trabajo conjunto en encuentros entre organizaciones, hemos ido forjando un diagnóstico y postura común frente a la problemática, identificando las raigambres estructurales de de nuestras amenazas.
Hemos avanzado en posicionar la problemática ambiental y territorial en la discusión pública y difundir nuestra postura. Del mismo modo, hemos posicionado los temas en la agenda pública, y esperamos incidir en la forma en que se le dé curso a nivel estatal. Así, nuestra voluntad por transformar el sistema que se basa en la explotación del ser humano y del medio ambiente se encuentra fortalecida. Y señalamos enfáticamente que el modelo de desarrollo defendido por Estado y empresas no es el que nosotros queremos, no es el que necesitamos como país, ni como planeta. Nosotras y nosotros queremos y exigimos participar de la construcción de un país que vele por el buen vivir de sus habitantes y de los ecosistemas de los cuales depende nuestra vida, y lucharemos para que ello sea efectivo.
Suscriben:
Adema
Agrupación Camino Internacional
Alerta 244
Asamblea por el Agua Guasco Alto
Asamblea por el Agua y la soberanía de Puente Alto
Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de Tubul
Cabildo en Rebeldía
Centro Cultural La Ventana
Comisión ética contra la tortura V Región
Comité por el Agua de Villa Alemana
Comunidad Benancio Huenchupán
Comunidad Totoral
Coordinadora Ciudadana Rios del Maipo
Ecoceanos
Escuela Inkawun de Renca
Escuela Popular Bernor Castillo
Fundación Habitar
Huerto La Berenjena
Iniciativa Ambiental Aguas Libres
Juntas de Vecinos de Teno
Modatima
Modema
Movimiento Comunidades por el Derecho a la Vida-Las Ventanas
Movimiento Juntos por el Agua
Mujeres sin Frontera, Puelo
Ñuble Libre
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – Ocmal
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – Olca
Parlamento Mapuche de Koz Koz
Programa Radial Aire Puro
Radio La Voz de Paine
Radio del Mar
Rap-Al
Red Ambiental Norte
Red de Organizaciones de Panguipulli
Red por la Defensa de la Precordillera
Secma Fech
Semillas de Agua
Valles en Movimiento
Vida Verde
Unidos Contra el Asbesto – Uca