“La audiencia se hace o se hace, en donde sea y como sea pero se hace”, fueron las palabras de la abogada Martha Lucía Materón Portela, representante de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, el pasado miércoles 8 de septiembre de 2010. Se refería a la Audiciencia Pública Ambiental que fue citada por tercera vez en el municipio de Carmen de Chucurí, como requisito que necesita la empresa Centromin para conseguir la ampliación de la licencia ambiental de explotación de carbón a cielo abierto en la zona.
Desde hace 5 años la empresa llegó al Carmen y, como suele suceder en lugares en donde no ha habido minería previamente, la población recibió con beneplácito la noticia de que se haría minería en sus suelos, pues pensaron que con esa actividad también llegarían las regalías, el empleo y la prosperidad. Sin embargo, las cosas comenzaron a ir mal, cuando la primera licencia ambiental fue conseguida con base en un primer engaño: invitaron a la población a una reunión en la que, para recibir un refrigerio, debían firmar un papel, pero poco después se enteraron de que las firmas del refrigerio habían sido usadas para cumplir con el requisito de audiencia pública.
Después de eso las cosas han ido de mal en peor, pues más allá de los asuntos administrativos, el manejo de las minas por parte de la empresa no ha sido lo que la gente esperaba. Al tratarse de minería a cielo abierto, los efectos negativos de la actividad son muy evidentes y han menguadola salud y bienestar de la población del Carmen de Chucurí y sus veredas1.
Problemas respiratorios, desplazamientos, muerte de ganado y pérdida de fertilidad de los suelos, son algunas de las consecuencias que los carmeleños han sentido y manifestado públicamente a la autoridad ambiental de la zona, la CAS. La respuesta de esa entidad ha sido desconcertante: aunque las aguas evidentemente están acidificadas, pues toman colores rojizos, verdosos y azulados, haciendo imposible el consumo humano, enfermando a los animales incluso hasta causarles la muerte y acabando con la fauna y vegetación, la Corporación considera que las aguas son absolutamente normales, e ignora el hecho de que la empresa no está haciendo ningún tratamiento a los caudales, sino que los bombea directamente a las fuentes de agua de la población (principalmente los caños Hotel y Bandas).
Aguas___cidasA pesar de que la empresa solamente ha excavado en menos del 1% del área sobre la que tiene permisos, los malos manejos y las consecuencias negativas no se pueden disimular. Como si fuera poco, ha solicitado desde ya la ampliación de la zona sobre la que tiene licencia ambiental. Y está a punto de conseguirla.
Precisamente para eso la CAS debe citar una audiencia en la que le informe a la población las características del proyecto, y escuche sus opiniones al respecto. En realidad es un procedimiento sencillo, pues solo debe certificarse la asistencia de la gente pero no es necesario que estén de acuerdo con lo que se exponga (no tiene carácter consultivo ni de debate, solo de información). Lo que es indispensable para dar la ampliación de la licencia ambiental es solamente certificar su realización.
Sin embargo, las cosas no han resultado tan sencillas porque la actitud de la CAS frente a la población de El Carmen ha sido tan torpe que los pobladores no han permitido que se lleve a cabo. Y no por falta de voluntad de la gente, sino por la simple negligencia de las autoridades y de la empresa en el cumplimiento de los requisitos legales para la realización de una audiencia pública ambiental, establecidos en el Decreto 330 de 2007. Por ejemplo, que la gente no ha podido conocer los estudios ambientales con base en los cuales la empresa solicita la ampliación de la licencia2 y que no ha habido presencia de los entes de control que garanticen la adecuada realización del evento. Pero también ha faltado previsión sobre las condiciones logísticas mínimas para que la gente pueda escuchar a la empresa y a la Corporación tanto como a manifestar sus puntos de vista3.
Eso fue precisamente lo que ocurrió el 8 de septiembre, cuando la CAS citó la audiencia en Angosturas de los Andes, uno de los municipios de más difícil acceso en El Carmen, sin tener siquiera un salón preparado para realizarla, sin sillas suficientes, sin un micrófono o un megáfono con el que todos pudieran escuchar las intervenciones y sin la presencia de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios ni de la Defensoría del Pueblo.
A pesar de ello, la CAS, una entidad estatal que debe procurar el cuidado de los recursos naturales en su jurisdicción, ha tomado partido por el bando de los empresarios y lo único que parece interesarle es agilizar el trámite para el otorgamiento de la licencia. Lo mismo ocurre con la Personería Municipal que, sin reparos, se declaró públicamente “neutral”, en lugar de asumir de lleno su papel como ente defensor de las comunidades.
Cuando fue evidente que el evento estaba a punto de fracasar sin haber iniciado, la CAS, la Personería y los empresarios, pretendieron simular una audiencia en la cancha del municipio con la presencia de 5 personas. Finalmente desistieron cuando se quedaron completamente solos, todo lo cual fué registrado en video por el Programa de Desarrollo y Paz4, cuyos representantes tenían preparada una ponencia para intervenir en la audiencia y estaban desde el día anterior recorriendo la zona y conociendo de primera mano la situación junto con la Corporación Compromiso y CENSAT Agua Viva. De toda la situación se hizo una carta dirigida a los entes de control, firmada por más de 100 personas (anexa en este artículo).
Seguramente ya está siendo preparada una nueva citación a la audiencia pública ambiental, mientras que esas tierras fértiles, que producen y envían a todo el país maravillos aguacates, cacao, yuca, plátano, café y maíz, siguen siendo amenazadas por la negligencia de las autoridades y la voracidad de los empresarios. La buena noticia es que la población de Carmen de Chucurí está demostrando que no piensa dejarse pisotear.