El dos veces rechazado proyecto minero “Tía María” se acerca a horas decisivas. La empresa Southern Perú ha incrementado la presión pública sobre el Gobierno para que le otorgue la licencia de construcción, la última autorización que le falta. ¿El apuro? En agosto próximo vence el plazo de vigencia de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado el 2014.
Si el Gobierno no le otorga la licencia de construcción antes de agosto, la empresa tendrá que hacer nuevos estudios, lo que implica un mayor gasto.
La semana pasada, la empresa anunció el relanzamiento del polémico proyecto y presentó cifras de encuestas realizadas en la zona, donde supuestamente se vería un mayor apoyo popular a la actividad minera. Según las encuestas contratadas por la empresa, en el Valle del Tambo el 66% consideraría que el proyecto Tía María beneficiaría a la población. Sin embargo, no se ha hecho pública la ficha técnica de esas encuestas, lo que no permite conocer su margen de error, muestra ni otros elementos relevantes.
Lo cierto es que las organizaciones sociales de la región continúan sosteniendo una fuerte oposición al proyecto. José Blanco y María Luzmila Marroquín, dirigentes del valle de Tambo, afirmaron que la encuesta no es representativa y retaron a la empresa transnacional a hacer el sondeo públicamente. Además, señalaron que en próximas reuniones evaluarán una huelga indefinida ante lo que consideraron una provocación.
Por otra parte, el alcalde recientemente electo de Cocachacra, Julio Cornejo, ha asegurado nuevamente que el proyecto no va y que el rechazo de la ciudadanía es total. La elección de un conocido opositor a Tía María como alcalde muestra una vez más el rechazo al proyecto en la zona, pese al tiempo transcurrido tras las intensas protestas de 2011 y 2015 que llevaron a la suspensión del mismo.
De igual forma, los dos candidatos al Gobierno Regional que disputaron ayer una reñida segunda vuelta, tuvieron expresiones críticas al proyecto. Javier Ismodes argumentó que los proyectos no pasarán mientras no exista la licencia social, en tanto que el electo Elmer Cáceres aseguró que el proyecto de cobre “no va” porque no cuenta con el respaldo de los habitantes y porque generaría un impacto ambiental.
La presión de la empresa arrecia también en los medios de comunicación, y es notoria una campaña de publicidad a favor del proyecto que invade incluso las publicaciones periodísticas sobre el tema.
En cuanto a la posición del Gobierno, se sabe que el Ministerio de Energía y Minas ha incluido a Tía María en la proyección de inversiones mineras para el 2019. Además, hace pocos días el viceministro de Energía y Minas manifestó que el proyecto podría obtener el visto bueno final para pasar a la etapa de ejecución en diciembre.
Sin embargo, el viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre, presumió que si el Gobierno no otorga aún la autorización, sería porque aún falta un problema por resolver, que podría ser el descontento de la población del valle de Tambo en la provincia de Islay.
Hace unas semanas, el presidente Martín Vizcarra indicó que ningún proyecto será impuesto a la población. Sin embargo, Raúl Jacobs, vicepresidente de Finanzas de Southern, señaló la semana pasada en conferencia de prensa que la denominada licencia social “es un concepto” y lo que importa es la decisión del gobierno.
Como se recuerda, el proyecto ha sido suspendido en dos oportunidades ante la fuerte oposición social. Preocupa que, ante el pronto vencimiento del EIA, se apresure la ejecución de un proyecto que podría poner al país nuevamente ante un contexto de gran conflictividad social.
Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/12/10/aumenta-presion-de-southern-por-tia-maria/?fbclid=IwAR3IrCQgqV_rpqppg8Bx6kPGzORghVPEbyPHIRI-IrRuPRj2NwYej3wAe58