10 de Agosto de 2012
Un comité de salud y medio ambiente multisectorial fue formado para monitorear los trabajos que debe ejecutar Antamina en el distrito de Cajacay, para remediar los daños generados por el derrame de mineral, y establecer el monto de indemnización
a los afectados, informó hoy una fuente del gobierno regional de Áncash. Apuro del gobierno y minera Antamina por solucionar con dinero las consecuencias de la explotación megaminera.
Erick Mautino, gerente regional de Recursos Naturales, señaló que dicho grupo de trabajo se formó ayer durante la reunión que sostuvieron dirigentes de comunidades y los alcaldes de Bolognesi y Cajacay, entre otras autoridades locales, con el presidente del directorio de Antamina, representantes del Ministerio de Energía y Minas y congresistas.
Dijo que Antamina ya realizó la limpieza de las áreas anexas a las instalaciones de la estación de válvulas del mineroducto VS1, como la piscigranja y cunetas, que fueron directamente impactadas, y ahora continuarán con los sembríos y ambientes naturales.
La comisión especial está integrada por profesionales independientes, miembros de las comunidades afectadas y de otros sectores vinculados.
Su trabajo será paralelo a la labor que cumple el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), precisó a la Agencia Andina.
A partir de los informes técnicos y la supervisión que efectúe, el comité entregará a Antamina, a más tardar en 45 días, un documento con el costo de los daños causados por el derrame, a fin de que la empresa pague una indeminización a los afectados.
«Para una valorización precisa, la comunidad contratará expertos en medio ambiente, ingeniería química y sociólogos, entre otros profesionales», precisó Mautino.
Durante la reunión, la población solicitó a los directivos de Antamina que asuman el financiamiento del proyecto de irrigación Huarco Curán, cuyo costo asciende a 26 millones de nuevos soles, y que la empresa había ofrecido antes del inicio de sus operaciones, a cambio de que el mineroducto pase por el medio de Cajacay.
Sin embargo, Mautino recordó que al desaparecer el Ministerio de la Presidencia los convenios firmados «quedaron en el aire», y que el fallecido expresidente regional José Santos Milla, sin conocer los detalles, involucró a la región para que asuma la deuda que le corresponde a la minera.
«Entonces, Antamina ofrece que en 45 días dará una respuesta», comentó.
Otra solicitud de los pobladores fue que dentro del ámbito de influencia directa de Antamina se considere también a las provincias de Bolognesi y Huarmey, por donde pasa el mineroducto, y no solo al distrito de San Marcos, donde está el recurso minero, a fin de que se beneficien con un mayor porcentaje de canon minero.
Por ejemplo, Bolognesi recibe por canon un millón de nuevos soles al año, mientras que San Marcos 600 millones. Por consiguiente, se decidió pedir al Congreso que se aceleren las respectivas modificaciones de las normas para atender esta demanda.
En relación a las personas que resultaron afectadas, refirió que Antamina sigue pagando los gastos de atención médica, y adelantó que mañana se conocerán los resultados del análisis de toxicidad (en muestras de sangre y orina), tomadas por la Dirección Regional de Salud.
Como resultado de la emergencia registrada el pasado 25 de julio en el poblado de Santa Rosa, distrito de Cajacay, en la provincia de Bolognesi, decenas de pobladores presentaron fuertes dolores de cabeza, náuseas, ojos irritados y sangrado nasal.
Finalmente, Mautino mencionó que personal de Osinergmin está evaluando la infraestructura del mineroducto para determinar las causas de la rotura de la tubería, que podrían ser falta de mantenimiento o sobrecarga de envío de material, entre otros factores.