Imagen: Rumbo Minero 21/10/2022
En la edición del programa “La hora verde” del jueves 20 de octubre, y que es producido semanalmente por CooperAcción, los invitados coincidieron en alertar de los riesgos ambientes y de salud ante el anuncio de la reactivación del complejo metalúrgico de La Oroya, en la región Junín.
Cabe recordar que lunes 17 de octubre, la empresa liquidadora Consultores A1 terminó la transferencia de los activos de dicha operación minera a 1.250 extrabajadores asociados a la empresa Metalurgia Business Perú SAC, cerrando el primer objetivo de la liquidación de Doe Run Perú. Los trabajadores han anunciado que empezarían operaciones en febrero del 2023.
Los invitados a «La hora verde» fueron Yolanda Zurita, activista de las personas afectadas por contaminación de metales tóxicos de La Oroya; José de Echave, economista e investigador de CooperAcción; y Christian Huaylinos, abogado de Aprodeh.
Yolanda Zurita recordó que La Oroya inició su actividad metalúrgica desde el año 1922. La primera comunidad que fue afectada fue Huaynacancha, que fue afectada por los humos que llegaban como cenizas y esto obligó a que muchas de las personas se fuesen a vivir a otros lugares.
Asimismo, destacó la gravedad de los pasivos ambientales que ha dejado el complejo metalúrgico en la zona: “Estudios señalan que hay 80 cm de profundidad que está seriamente afectada. Son estudios de la misma empresa, el Estado y sociedad civil. La Universidad de San Luis de Missouri analizó 13 sustancias tóxicas, las que todas estaban muy elevadas en el organismo humano.”
Por su parte José De Echave recordó que en la década de los noventa, en paralelo al proceso de privatización se crearon 2 instrumentos: todos los nuevos proyectos de inversión debían tener los Estudios de Impacto Ambiental- EIA. En el caso de proyectos antiguos – como el caso La Oroya- que ya estaban en fase de producción, se creó el Programa de adecuación y maneja ambiental -PAMA.
“Cuando la norteamericana Doe Run compró los activos de La Oroya, asumió el compromiso de adecuar la operación a los nuevos estándares ambientales, pero la empresa no cumplió pese a que se le dieron ampliaciones. Hasta que luego se declaró en insolvencia,” recordó De Echave.
El investigador también destacó que la exposición de la población a metales como plomo, cadmio y arsénico ha sido debidamente probada por varios estudios. Esto ha llevado a que La Oroya haya sido calificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.
El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Yolanda Zurita destacó que en el año 2002 se inició un proceso contra el Estado peruano para lograr una atención de la salud. Al no cumplir ningún acuerdo, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces ha sido un largo proceso en el que están pidiendo la atención integral a la salud, por la exposición aguda y crónica a los metales tóxicos. El caso se está ventilando ahora en la Corte Interamericana, y acaban de realizarse audiencias los días 12 y 13 de octubre.
“En la audiencia de la CIDH expusimos la afectación y la debilidad de la atención en salud, así como el incumplimiento del Estado como ente rector para hacer que el macro emisor se le ponga acciones correctivas y las emisiones se hagan respetando la salud de la población”, destacó Zurita
Por su parte Cristian Huaylinos, abogado de Aprodeh, que acompaña a los afectados ante el proceso en la CIDH, comentó que con el paso del tiempo se constata que de parte del Estado ha habido una omisión en la prevención y fiscalización de esta contaminación. En esa línea, sostuvo que hay pruebas que el Estado ha priorizado la actividad minera por sobre la salud de las personas.
“Hay un informe del propio Estado que dice que desde 1986 constató que existe una contaminación que se ha agravado en la década de los 90 con la privatización de Centromin. El Estado ha venido ampliando los Pamas que nunca han sido cumplidos, no ha habido una remediación ambiental eficiente en La Oroya” puntualizó el abogado. Resaltó, asimismo, que el sistema de salud no ha sabido responder a las afectaciones por exposición a metales pesados.
Sobre la reactivación del complejo metalúrgico
José de Echave señaló que este complejo ha estado inactivo 12 años, ha quedado vetusto, y no se hicieron las inversiones para adecuarse a los estándares ambientales vigentes.
“Pensar en reactivarlo en estas condiciones es que se reactiva como un macro emisor y siga contaminando a la gente de La Oroya. Entiendo la legítima expectativa de los trabajadores por una reactivación económica, pero no puede hacerse a costa de la salud de la población de La Oroya”, destacó De Echave.
En esa línea Yolanda Zurita sostuvo que es preocupante el anuncio ya que se sabe que el 99% de la contaminación del aire en La Oroya es producida por el complejo siderúrgico. Esto va a contaminar a los mismos trabajadores, personas de la tercera edad, madres y toda la población.
“Una reactivación económica a costas de la salud de una población integra no sé qué grado de sensibilidad podrían tener los que están impulsando esto. Algunos pobladores están anunciando que se van a ver obligados a salir de La Oroya”, destacó Zurita.
Finalmente, Christian Huaylinas sostuvo que genera una alta preocupación el tema de las condiciones en que se les está otorgando la administración de La Oroya a los trabajadores.
“Las víctimas o los representantes no queremos el cierre del complejo, si no que se dé una regulación eficiente y oportuna para que se respete los estándares de calidad ambiental, que afectan a todos, a los trabajadores, residentes, personas que transitan y a las futuras generaciones”, remarcó el abogado de Aprodeh.
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