Por: Marco Arana Zegarra
La región de Cajamarca es una de las más pobres del país. Entre los indicadores de su pobreza se cuenta tener el más bajo nivel de electrificación de todo el país (39.4%). De los 5810 centros poblados menores (CPMs) de Cajamarca solo 890 tienen acceso a la energía eléctrica.
El gobierno nacional y regional han decidido priorizar el proyecto de ampliación de la frontera eléctrica (PAFE III) de Cajamarca por el cual próximamente 1145 CPMs accederían a la electrificación, mientras que los demás CPMs seguirán en una larga lista de espera para los próximos años.
El acceso a la energía eléctrica es una aspiración profunda de las comunidades rurales, no solo por la falta que ella hace para mejorar las condiciones de vida, sino también por su asociación a las palabras mágicas “modernidad” y “progreso”: “Pueblo electrificado = pueblo que ha progresado”.
La pobre calidad educativa, la ausencia de agua y desagüe, los altos índices de desnutrición son indicadores que pueden ser aplazados ante la nueva realidad de ser un pueblo que, gracias a la electrificación, ha entrado en la modernidad. Por satisfacer esta aspiración muchos pueblos darían la vida por tener electricidad. Y dar la vida no es una exageración cuando de acceder a electrificación se trata, ya que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y las empresas mineras están utilizando la necesidad de electricidad que tienen las poblaciones para obligarlas a aceptar la actividad minera.
El Convenio N° 036-08 de fecha 14.08.2008 tiene el propósito de hacer los estudios definitivos del sistema eléctrico rural y fue suscrito entre el MEM, las empresas mineras Coimolache y La Zanja (de propiedad mayoritaria de la familia Benavides) y las municipalidades provinciales de Chota, Hualgayoc-Bambamarca y Santa Cruz, y de las municipalidades distritales de Chadín, Hualyagoc y Choropampa (de Chota).
Dice el convenio en el artículo 3.2. de la cláusula 3: “Los beneficiarios expresan que están de acuerdo con la inversión privada en el sector minero que se viene desarrollando en la zona de influencia, en el marco del respeto mutuo, colaboración, diálogo permanente y protección del medio ambiente y recursos naturales”; y el artículo 4.3.2. de la cláusula 4 sobre obligaciones de los beneficiarios: “Apoyar en el desarrollo de las inversiones públicas y privadas que se ejecuten de acuerdo a la normatividad aplicable, en la zona de influencia en la cual operan las empresas mineras, contribuyendo a mantener un clima de paz y respeto a la propiedad privada”.
La lógica es muy simple: “Si quieres tu luz acepta la mina”.
El problema no radica en que este convenio sea un mecanismo que ayude en la redistribución de la renta minera, en este caso a través del desarrollo de la infraestructura eléctrica rural (lo cual es un derecho de las poblaciones); sino que es la abdicación que hace el Estado de su obligación de proveer servicios básicos a su población ante intereses privados de las empresas mineras firmando convenios que permiten que las mineras obtengan apoyo social manipulando las necesidades públicas de las poblaciones rurales.
Hasta ahora, los funcionarios del MEM y de las empresas habían negado que no era cierto que condicionaban las obras de electrificación a la aceptación de los proyectos mineros, el Convenio N° 036-08 muestra la falsedad de tales afirmaciones y la manera cómo este gobierno actúa como socio de las empresas mineras, desprotegiendo los derechos de las poblaciones.
El Convenio no dice una sola palabra sobre el tan necesitado “clima de paz y respeto que las empresas debieran tener respecto de los derechos de las comunidades o de los propietarios campesinos del suelo superficial”.
Llama la atención de manera especial, la actitud del alcalde provincial de Santa Cruz quien en relación al cuestionado proyecto La Zanja ha pronunciado discursos incendiarios públicos de que no permitirá la explotación minera mientras, por lo bajo, firma este tipo de convenios; igualmente llama la atención de los alcaldes de Chota y Hualgayoc-Bambamarca que mostrándose más sensatos frente a la inversión minera (territorialmente regulada y ambientalmente fiscalizada) se hayan prestado a firmar un convenio que podría haber sido en otros términos en los que se garantice el respeto a la autonomía municipal, a los derechos de sus comunidades, sin permitir que el gobierno central quite el cuerpo de su obligación de ser él el garante de la provisión de servicios básicos como un derecho y no como el privilegio de las empresas mineras que pueden traficar con las necesidades de poblaciones y municipios pobres.