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Sábado, 13 de Septiembre de 2008
Gloria Silvia Orellana Redacción Diario Co Latino
A mil 800 metros sobre el nivel del mar se levanta el Cerro El Limón, en el Cantón Trinidad Centro, Municipio de Sensuntepeque, Cabañas, el que se ha convertido en un campo de lucha entre los pobladores y la transnacional Pacific Rim. La grave situación enfila hacia un conflicto social en la zona. Todo comenzó en diciembre de 2007, cuando la población del Cantón Trinidad Centro, celebró una asamblea con representantes de la Pacific Rim, recordó Alejandro Guevara, y el resultado fue la firma de un acuerdo.
El punto fundamental era que la empresa minera se retiraría de la zona y que las obras sociales que se estaban realizando concluirían al finalizar ese año, pero el acuerdo fue roto por la empresa.
Para Guevara, el incumplimiento por parte de la Pacific Rim del acuerdo, es una “bofetada” a la dignidad de los pobladores, quienes han decidido proteger el Cerro El Limón, sobre todo, su capa vegetal, pues está amenazada con la deforestación y, por ende la destrucción de su estructura natural.
“Somos más de 120 familias en Trinidad Centro, hay más gente en otras comunidades, que nos abastecemos del río Limón, Copinolapa y Quebrada Honda; y somos testigos, como el caudal del agua ha bajado, pese a que, estamos en pleno invierno.
Se han estado muriendo los cangrejos por el uso de químicos en las perforaciones, y no estamos dispuestos a que nos dejen sin nuestros recursos naturales”, agregó. Los pobladores comentaron que pese a sus denuncias públicas en San Salvador, y sus demandas para que se investigue, tanto en el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) y Ministerio de Economía (MINEC), como la Asamblea Legislativa, no han recibido ninguna respuesta satisfactoria.
“Yo los invitaría a que vinieran a este cerro y que se dieran cuenta de primera mano, lo que están poniendo en riesgo, son nuestros recursos naturales y estas empresas de los gabachos (oriundos de EE.UU.), no operan por pequeñas cosas, lo hacen en gran escala y nosotros estamos en peligro”, reiteró.
Como comunidades, afirmó Guevara, se sentían desprotegidos, por el tipo de manejo que realiza el gobierno para otorgar las concesiones. “No entendemos, como este gobierno, no esté dispuesto a defender a su pueblo y darle estabilidad, pero no importa, nosotros estamos dispuestos a cuidarlo con nuestras propias manos”, dijo.
El denunciante comparó la incursión de la industria minera, a la experiencia que vivió la gente, con la construcción de las presas hidroeléctricas en el país, donde el gobierno se comprometió a darles un terreno digno para vivir y proveerles servicios básicos.
“Ninguna de esas cosas que prometieron la cumplieron. Recuerdo que hubo gente que no quiso vender y por eso le expropiaron (quitaron) la tierra, y los que si vendieron, recibieron una poquedad de dinero, por el valor de la tierra”, dijo.
“Nos preocupa mucho este manejo que se hace de las leyes, esto se llama inseguridad jurídica, y es delicado, muy grave, porque no dejan más espacio que defender por cuenta propia, nuestra tierra”, acotó.
No obstante, que el Cerro El Limón le fue vendido a la Pacific Rim, José Rafael Velasco, miembro de la comunidad explicó, que no permitiría ningún proceso de explotación minera, porque compromete la salud de las comunidades.
“Ya vimos que las cajas de agua han venido bajando, y somos muchas familias que dependemos de la agricultura y para nuestro uso; nosotros no le hemos permitido a la Pacific Rim, seguir abriendo hoyos de exploración, le hemos inmovilizado sus perforaciones, desde diciembre de 2007, y le hemos enviado mensajes con los operadores, a los propietarios que no vamos a permitir eso, la tierra es de los salvadoreños y salvadoreñas, nuestra voluntad es defendernos”, opinó.
La práctica de la minería metálica a cielo abierto y subterránea, que podría ser tratada bajo el protocolo de “Minería Verde” , fue descartado por los pobladores.
“Ni aquí, ni en China existe la minería verde, porque de nada sirve cuando pelen este cerro, el cauce no lo van a poder rellenar y las pilas de cola, no van a poder lixiviar, eso es lo que nos va a matar; y el movimiento de tierra que ellos harían, sería terrible, porque no sólo hay metales preciosos, sino que, hay metales pesados y eso contaminaría nuestro cuerpo, nuestra sangre”, razonó.
“Hemos estado en EntreMares, Honduras y hemos visto, la gravedad de la contaminación”, concluyó. Por su parte, Brenda Rodríguez, asesora jurídica de la Comisión de Derechos Humanos El Salvador (CDHES), aseguró que se encuentran trabajando junto a la comunidad, y sopesó el importante papel que juegan los pobladores para defender su espacio.
“Ellos sin contar con la ayuda gubernamental, han podido organizarse y nosotros como CDHES, nos vamos a comprometer a trabajar junto a ellos, para lograr los objetivos de la población”, informó.
Asimismo, consideró que la experiencia ganada por este grupo es valiosa, y trajo a cuenta la demanda presentada ante el Tribunal Latinoamericano de Agua, que emitió una resolución en contra del MARN, por falta de prevención en el impacto ambiental.
“Como CDHES vamos a presionar para conocer el informe de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y analizar sus conclusiones. Aunque sabemos que existe uno, que data de 1996, pero eso ya está desfasado.
Ahora, dicen que esperan el informe de la Pacific Rim sobre el hallazgo de nacimientos de oro, pero, no exigen el de impacto ambiental y eso no es ético”, aclaró. Sobre llevar la denuncia a escenarios de justicia internacionales, Rodríguez afirmó que es parte de la asistencia que darían a la comunidad de Trinidad Centro.
“No podemos obviarlo, ya CEICOM logró una condena en el Tribunal Latinoamericano de Agua; aunque sabemos que el hecho que no sean vinculantes las sentencias, es un llamado moral a los Estados sobre este tipo de problemas, vamos a buscar las instancias judiciales nacionales y luego, las internacionales”, añadió.
Las denuncias de los pobladores han sido también contra el sub director del Centro Educativo Cantón Trinidad, Daniel Ayala, quien realiza presión constante contra los padres de familia y maestros, que se han mostrado en contra de la explotación minera, ya que, la empresa les ayuda financieramente en algunos proyectos.
El promotor Miguel Angel Ramírez señaló que “este señor (Ayala), humilla a los niños y niñas, cuyos padres están dentro del movimiento en contra de la minería y los califica de terroristas y revoltosos”.