lunes, 11 agosto, 2008
Sr. Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi
Guido 1577 1° piso, CP. 1016 Cap. Fed –
Fax: (011) 4815-4549 – E mail: [email protected], S/D
Expresamos nuestra indignación ante la pretendida destitución del Fiscal Federal General de Tucumán, Dr. Antonio Gustavo Gómez, según informes procedentes de la propia Procuradoría General de la Nación. Abundar en palabras frente a semejante hecho no calificaría adecuadamente la magnitud del delito que cometería el tribunal, persona o funcionario que ejecute tal cometido. Es la primera vez en la historia de nuestros países del Sur que pruebas indubitables de contaminación, obtenidas por agentes oficiales de Gendarmería Nacional a solicitud de dicha fiscalía, permiten el procesamiento de delincuentes ambientales que vienen esquivando la justicia debido a la propia gravitación y peso económico que ejercen en las respectivas localidades donde instalaron sus industrias contaminantes: es el caso de una transnacional minera con asiento en la provincia de Catamarca y de una planta tucumana procesadora de caña de azúcar.
Estos dos hechos han conmovido al mundo ecologista nacional e internacional que resaltó el grado de compromiso que el país tiene para dictar justicia, pero por lo visto fue solo un espejismo. Creímos también que había imperado el sentido común y que se protegería la salud de las poblaciones del centro y noroeste argentino después de constatar los estragos que tales empresas ocasionaron en acuíferos y cuencas lacustres como la del dique frontal Termas de Río Hondo, cuyo testimonio recogí personalmente en una nota difundida en abril y junio de 2007 y que ofrezco como prueba y ratificación de lo expresado, al pie de la presente.
Al recorrer el lago Termas de Río Hondo uno comprueba in situ el criminal desempeño de quienes arrojan compuestos tóxicos letales al canal DP2 en Ranchillos, Tucumán, transporte natural de esos líquidos hacia el espejo de agua del dique frontal al que hago referencia.
Dos de esas empresas irresponsables que actúan con impunidad corporativa fueron investigadas por la Fiscalía Federal de Tucumán y ahora el pueblo espera el juicio oral y público conforme a lo dispuesto por las leyes en el marco de una democracia que respete debidamente los poderes institucionales.
Incurrir en la destitución del Fiscal General de Tucumán Dr. Antonio Gustavo Gómez, tiene el único propósito de frenar o invalidar lo actuado y que ese Ministerio Público Fiscal se convierta en una vulgar marioneta del delito.
JAVIER RODRIGUEZ PARDO (DNI N° 93.930.336) MACH- Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina (RENACE). Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)