El Salvador

Ministro del Ambiente señala impacto negativo de la minería

Diego Murcia
07 de julio de 2008 –

El ministro del ambiente, Carlos Guerrero, previene de poner la carreta delante de los bueyes en la pugna pública que se ventila en El Salvador entre la minera Pacific Rim y los detractores de dicha industria.

Se refiere a que hay que esperar una “evaluación ambiental estratégica” de país antes de decidir si se concede permisos de explotación.

El funcionario señala el problema de la enorme cantidad de agua que requiere la minería metálica, mientras que Pacific Rim anuncia que, después de años de esfuerzos, suspenderá algunas operaciones en espera de un mejor clima para invertir.

En medio de un bombardeo publicitario en favor de la “minería verde”, el gobierno salvadoreño se pronuncia con desconfianza respecto de esa industria y, lejos de inclinarse en favor de la explotación que empresas como Pacific Rim están pidiendo, señala hacia los países de la región donde, dice, tienen problemas graves debido a esa actividad.

“Los países vecinos tienen serios problemas en el manejo de esta industria minera metálica y esos creo que son temas que debemos tener mucho cuidado”, señala el ministro del ambiente, Carlos Guerrero, quien subraya que por esa razón se está haciendo un estudio que evaluará si a El Salvador le conviene autorizar la explotación minera o no.

La falta de permisos después de años de intentos infructuosos llevó la semana pasada a la compañía Pacific Rim a anunciar que suspende sus operaciones en la zona del cantón El Dorado, en Cabañas, donde la discordia nació entre quienes favorecen la explotación de oro y plata en esa zona, y quienes creen que las minas traerán más perjuicios que beneficios.

Pacific Rim Mining Corp. declaró la semana pasada a CNN Money que desacelará sus tareas de exploración e inversión en los proyectos de minería en El Salvador. 42 empleados han sido despedidos a la fecha debido a esta situación, aseguró la compañía. La minera cree que es prudente reducir sus gastos de perforación y suspender las actividades de perforación que por el momento mantiene en El Dorado, Santa Rita y Zamora-Cerro Colorado, debido a que el gobierno salvadoreño no ha dado muestras de avances en la aprobación de la explotación minera.

Por ahora, las compañías mineras tienen autorización para explorar posibles yacimientos, pero no para explotarlos.
En los últimos meses, al menos Pacific Rim ha mantenido una campaña publicitaria constante en radio, televisión y periódicos, con la esperanza de persuadir a la opinión pública de que los beneficios potenciales de la industria son mayores que los potenciales costos ambientales.

Después de meses de inútil esfuerzo, según el reporte de CNN, Pacific Rim se orientará mejor hacia Costa Rica y Guatemala, “que son países políticamente más estables para la inversión minera”. Tom Shrake, presidente y director ejecutivo de la minera, aseguró a ese medio que han cumplido con todos los requisitos necesarios para posibilitar la autorización de la explotación minera en suelo salvadoreño.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa recomendó el 26 de octubre de 2006, que no se emitiera ninguna licencia de exploración y menos permiso alguno de explotación mientras se revisa el marco jurídico de la minería.

En esa ocasión, la comisión de Economía y Agricultura del parlamento sugirió a la Dirección de Hidrocarburos y Minas del MINEC no ampliar los períodos de las 28 licencias de exploración que existen en la actualidad; y al Ministerio del Ambiente solventar los “vacíos legales” medioambientales en la actual normativa.

“No se aprobarán proyectos que van en contra de estas leyes”, sentenció en aquel entonces el ministro del Ambiente, Hugo Barrera. La recomendación, que no tiene carácter vinculante hacia el Ejecutivo, fue aprobada por cuatro de los cinco partidos con representación parlamentaria, Arena, FMLN, PCN y CD, pero no contó con el aval democristiano, que consideró muy corto el alcance de la decisión legislativa, pues según el diputado Rodolfo Parker, el documento no manifestaba una oposición clara a la explotación minera en el país.

El pecenista Orlando Arévalo es uno de los promotores de una nueva Ley de Minería, y a quien las organizaciones que se oponen a la minería vinculan con la defensa de los intereses monetarios de Pacific Rim, asegura que la la ley no se ha aprobado por “temor electoral” de parte de Arena.

La actividad minera no solo ha generado fricciones en el Órgano Legislativo, sino en las mismas comunidades del departamento de Cabañas donde han ocurrido ataques contra la propiedad de la minera, lesiones en una persona particular y algunos hablan hasta del suicidio de una persona enfrentada a su familia por diferencias en torno a endosar respaldo a Pacific Rim.

La compañía incluso ha tenido en su contra al arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, quien se ha pronunciado contra la reactivación de la industria minera en El Salvador y contra la intención de la Asamblea Legislativa de aprobar una nueva ley sobre la explotación minera.

“Hay que ver cuáles y de qué partido son los diputados que la firman o aprueban esta ley, porque serían todos los responsables de todos los efectos peligrosísimos y desastrosos para la salud humana y para los animales”, declaró.

A propósito de las declaraciones del clérigo, Tom Shrake es categórico al señalar que lo que ellos proponen tendría muchos más beneficios que daños. “Se ha provisto al gobierno de El Salvador de un estudio ambiental y del diseño de la mina El Dorado que sobrepasan, ambos, los estándares salvadoreños e internacionales y brinda un alto punto de referencia para futuros proyectos… esta exitosa exploración tiene el potencial de engendrar una moderna y limpia industria minera en El Salvador, que crearía miles de empleos bien remunerados, aliviando la extrema pobreza de la mitad de la población de esta ciudad del norte”, dijo a CNN.

Después recriminó a las autoridades, a las que acusa de actuar sin ningún fundamento. “Desafortunadamente, el gobierno de El Salvador ha detenido el proceso sin tomar en cuenta los derechos de la compañía derivados de su sustancial inversión en el país”, declaró.

A poco más de dos años de que la recomendación saliera de la Asamblea, aún se desconoce cuál es el estado de la nueva Ley de Minería. Carlos Guerrero, el ministro del Ambiente, sentencia que el gobierno no puede resolver hasta tener una evaluación nacional que definirá si El Salvador le apostará a la minería o no.

 “Primero tenemos que ver si esa industria es viable ambiental y económicamente para nuestro país y eso se va a ver en la evaluación ambiental estratégica de la cual tendremos una línea base para saber cuál es la capacidad, si es que existe, en un país de 20 mil kilómetros cuadrados con seis millones de habitantes, de desarrollo de este tipo de industria.”

Sobre la teoría de que la minería verde no acarrea mayores riesgos ambientales, el ministro es un claro adversario. “Es una industria que demanda cuatro veces más energía de la industria promedio, las cantidades de recurso hídrico que demanda son industriales, grandísimas, lo cual tiene un impacto definitivo al medioambiente”, señala.

Los anunciantes anónimos que promueven la publicidad de la minería verde aseguran que la mayoría de países, incluidos varios de Centroamérica, han dado luz verde a la explotación minera, sugiriendo que El Salvador no tendría que ser la excepción.

Especial énfasis han hecho en la supuesta buena cogida y promoción que la minería metálica ha tenido en naciones con gobiernos de izquierda, como Bolivia, Cuba o Venezuela. Guerrero, sin embargo, sugiere una cosa distinta y pide que los salvadoreños se vean en el espejo de los países vecinos para constatar que la minería puede ser una actividad muy dañina.

“Los países vecinos tienen serios problemas en el manejo de esta industria minera metálica y esos creo que son temas que debemos tener mucho cuidado y con mucha objetividad analizar toda la información que tenemos”.

Guerrero aclara que él no se opone a la minería ni la favorece, y que solo quiere tener la información suficiente antes de sentar posición oficial. Por eso quiere esperar la evaluación ambiental nacional que está en ejecución.