Miércoles, 02 de Julio de 2008
Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Pacific Rim podría ser responsable intelectual de homicidios, en caso de que sean asesinados militantes ecologistas, líderes comunitarios o pobladores de Cabañas que luchan contra el peligro de la minería, amenazados a muerte por presuntos personeros de esta compañía canadiense que vive el momento más febril de su desesperación por conseguir permisos de explotación minera.
Este 30 de junio, miembros de comunidades afectadas por exploraciones mineras denunciaron que personas que se identifican como empleados de Pacific Rim amenazan a pobladores de San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque, especialmente a Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas (CAC), a quien dicha empresa minera considera el líder de la resistencia comunitaria. Detrás de las amenazas a muerte que hacen los supuestos trabajadores mineros, está el odio exacerbado que los directivos de la compañía minera provocan hacia todos los que se oponen a sus proyectos.
“Por tu culpa vamos a perder nuestro empleo”, le reclaman frecuentemente por teléfono a Pineda, “así que, andá con mucho cuidado, porque algo te va a suceder”, le amenazan.
Para que no haya dudas sobre la procedencia de las amenazas, el mismo día que los pobladores de Cabañas hacían pública su denuncia, Pacific Rim envió un grupo de presuntos trabajadores mineros a insultar y amenazar a los representantes de Oxfam América, una agencia de cooperación para el desarrollo sostenible, a la que acusa de financiar las acciones de lucha contra la minería.
Los manifestantes dejaron un panfleto que refleja la prédica de rencor de Pacific Rim contra todas las personas e instituciones que defienden el agua, el medio ambiente y la vida.
El documento ataca y amenaza al Arzobispo Fernando Sáenz Lacalle y a Monseñor Richard Antall, su más cercano colaborador; lo mismo que a Andrés McKinley, de Oxfam América, y a Francisco Pineda.
Ante su incapacidad de convencer al gobierno y a la población con argumentos técnicos sobre su supuesta “minería verde”, Pacific Rim promueve el odio, diciendo a sus trabajadores que los proyectos mineros no se aprueban debido a la oposición de la Conferencia Episcopal de El Salvador y a las actuaciones de Oxfam América, la Mesa Nacional frente a la Minería y del CAC.
La estrategia de mentiras, presiones, chantajes y amenazas de Pacific Rim no tiene precedentes en El Salvador.
Nunca una empresa extranjera atropelló tanto la institucionalidad, ofendió a sus máximos líderes religiosos ni se burló de la población salvadoreña, como lo está haciendo Pacific Rim, con la complicidad del gobierno y de la mayoría de medios de comunicación social.
La conducta irrespetuosa y delictiva de Pacific Rim es motivo determinante para sacarla del país, antes de que sea tarde.
Porque una compañía que aún sin tener la autorización para operar en el país ofende a la Iglesia, ataca a la cooperación internacional, amenaza a las organizaciones ciudadanas y presiona al gobierno, ¿qué no haría ya teniendo los permisos de explotación que solicita?
En Guatemala, las mineras han atentado dos veces contra la vida del Ministro del Ambiente, Luis Ferraté Felice, porque intenta detener los daños ecológicos que causan.
El Salvador no puede correr ese riesgo y debe rechazar la minería. Decía el exministro Barrera que es mejor enfrentar demandas por no otorgar permisos a estas empresas, en vez de tener costos ambientales irreparables.
Es hora de que todos los sectores nacionales demandemos del gobierno una decisión rápida en beneficio del país y de las futuras generaciones.
Los daños ecológicos y conflictos sociales de Pacific Rim en Cabañas demuestran que la minería no le conviene a El Salvador, pues nos hundiría en una destrucción medioambiental irreversible y en confrontaciones sociales insospechadas.
Todos los salvadoreños y salvadoreñas debemos manifestarnos contra esta vulgar empresa minera y exigir a la Fiscalía General de la República investigar y enjuiciar a sus directivos, publicistas y funcionarios cómplices, tal como propuso Monseñor Sáenz Lacalle, en su última conferencia de prensa, donde pidió a la población identificar y castigar a los políticos que apoyan la minería