El Salvador

NO a la minería, una demanda de justicia ambiental

El jueves 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, designado por la Asamblea General de la ONU, en su Resolución No. 2,994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972, con el propósito de elevar la conciencia ambiental de todos los gobiernos y pueblos del planeta, gravemente deteriorado por la irracionalidad de las élites empresariales, principalmente de los países ricos. Las comunidades cristianas y organizaciones ciudadanas que marcharon por las calles de San Salvador aprovecharon esta importante fecha para exigir al Estado JUSTICIA AMBIENTAL" y denunciaron la pretendida explotación minera, la eventual privatización del agua, la construcción de las represas El Cimarrón y El Chaparral, la instalación de plantas de carbón en La Unión, la destrucción de la finca El Espino y la cordillera El Bálsamo, la contaminación de Baterías Record, el manejo inadecuado de desechos sólidos, la destrucción de manglares, entre otros problemas ambientales y megaproyectos que atentan contra la vida.

 Entre las demandas resaltaron la petición a la Corte Suprema de Justicia de crear los "tribunales ambientales" y la exigencia a la Asamblea Legislativa de rechazar la aterradora propuesta de nueva ley minera elaborada por la empresa canadiense Pacific Rim.

Pero ¿por qué la explotación minera es una demanda de justicia ambiental?, preguntó, a un dirigente de la caminata, un periodista, refiriéndose a que se exige justicia sobre acciones u omisiones que violan derechos y no sobre posibilidades de que esto suceda. "Porque el gobierno no está acatando el principio de precaución, establecido en la legislación ambiental, y porque la minería ya está afectando al medio ambiente", respondió el militante ecologista.

En efecto, la oposición a la minería, planteada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, se basa no sólo en la amenaza nacional que representa la posible explotación en la zona norte y la obligación estatal de evitar nuevos desastres socio-ambientales, sino también en la contaminación con mercurio, cianuro, metales pesados y drenaje ácido de los ríos en el nor-oriente del país causada por la extracción de metales hace varias décadas, principalmente en el sur de Morazán y en el norte de La Unión.

Esto ha sido documentado por científicos de la UES y publicado hace unos meses por un diario matutino. Ahora la postura de la Mesa ha sido ratificada por los daños ambientales, sociales e institucionales que provoca Pacific Rim, cuyas perforaciones de exploración profundizan mantos acuíferos y, por consiguiente, secan nacimientos de agua. "Esto sucede en El Palmito, Chacalín, Palo Bonito y otros caseríos de San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque.

Y perjudica a miles de pobladores de Cabañas: sólo en El Palmito son afectadas 300 familias. Inspectores del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) verificaron los daños el pasado 31 de marzo, pero la Fiscalía General de la República, ni el mismo MARN, han procedido contra la referida compañía minera".

Lo denunciaron en un comunicado, ese mismo día, pobladores de Cabañas que participaron en la peregrinación, quienes también acusan a Pacific Rim de generar conflictos en las comunidades y señalan a la mayoría autoridades del referido departamento de ser cómplices la compañía minera.

Como ejemplo de esto mencionan el ataque a un poblador de la zona –cometida por un simpatizante de la empresa minera– y la posterior absolución provisional del agresor.

Por eso exigen al MARN, la PDDH, la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia: enjuiciar a la empresa minera por los delitos cometidos.

Al Parlamento: no aprobar la tenebrosa propuesta de nueva ley minera de Pacific Rim.

Al Ejecutivo: no permitir la minería de oro y plata. Y a todos los sectores políticos, empresariales, religiosos, académicos y a la población en general: rechazar las mentiras y presiones de Pacific Rim y su engañosa propaganda de la "minería verde".

La Mesa Nacional frente la Minería Metálica suscribe totalmente estas demandas de JUSTICIA AMBIENTAL.

Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica