08/04/08
Si los medios de comunicación cumplieran cabalmente su función de informar sobre los acontecimientos que más afectan la vida del país y las instituciones estatales fueran incorruptibles, lo sucedido el pasado miércoles 2 de abril en el seno de la Comisión Ad-Hoc de Minería del Parlamento sería un escándalo político que tendría en la cuerda floja a las empresas mineras y a los legisladores del PCN.
Ese día se registraron dos hechos perjudiciales para la democracia y la vida nacional. Primero, el pecenista Roberto Angulo, presidente de la referida comisión del Congreso, mintió para permitir la visita de representantes de Pacific Rim, autores del proyecto de nueva ley de minería impulsado por el PCN. Y segundo, las empresas mineras admitieron que presionan al Ejecutivo para conseguir los permisos de explotación. Angulo, quien –junto a sus colegas Orlando Arévalo y Francisco Merino, como los areneros Vicente Menjívar, Donato Vaquerano y Mario Marroquín– es un intenso activista de las compañías mineras, convocó la reunión de la Comisión para "aprovechar la presencia de expertos en minería sudamericanos en nuestro país y escuchar sus planteamientos acerca de esta industria". Esto consta en la notificación oficial.
Pero los "expertos en minería sudamericanos de visita en nuestro país" resultaron ser Rodrigo Chávez (hijo de Fidel Chávez Mena, abogado de Pacific Rim), Ericka Colindres (técnica de Pacific Rim, graduada en la UCA), Luis Trejo (ex-director de Gestión Ambiental del MARN e inventor de la engañosa palabra "minería verde") y otros empleados de Pacific Rim y de Minerales Morazán, una prestanombre de Pacific Rim.
Luego de exponer las "maravillosas oportunidades de superación de la pobreza y de desarrollo" que representa la minería de metales preciosos –en una plática entre amigos con los diputados del PCN y ARENA, sin la presencia de parlamentarios que los cuestionaran– los representantes mineros admitieron sin ningún descaro que presionan, a través de la Asamblea Legislativa, al Ejecutivo, que les ha negado las licencias de explotación.
"El Ejecutivo ha tomado decisiones que nos afectan", planteó uno de los voceros de Minerales Morazán. "Desde abril de 2007, en una reunión con los ministerios de Medio Ambiente y de Economía, se nos informó que no se darían permisos ambientales para la explotación", declaró. Seguidamente, amenazó: "Los inversionistas de esta industria no tienen la paciencia política para soportar esta incertidumbre".
Después reconoció que presionan a la administración del presidente Elías Antonio Saca, por medio de su aterradora propuesta de ley y de la Comisión Ad-Hoc de Minería: "Nos abocamos a ustedes para que esta situación mejore", admitió. Obedientes, los diputados del PCN y ARENA salieron a declarar a los medios que todas sus dudas sobre la minería estaban aclaradas y, por tanto, están listos para aprobar la ley de Pacific Rim.
Y eso fue lo publicado por la mayoría de medios: "Empresas mineras disipan temores de diputados", "Legisladores aclaran dudas sobre la minería" y "Parlamentarios se aprestan a aprobar nueva ley de minería", fueron algunos de los titulares periodísticos.
Ninguno de quienes cubrieron el evento, excepto un reportero televisivo, mencionó las irregularidades de la reunión: las mentiras de Angulo y las confesiones de las mineras.
También omitieron las advertencias de peligro planteadas por la jerarquía católica, la Comisión Nacional de Desarrollo, la PDDH y la oposición de las comunidades aglutinadas en la Mesa Nacional frente a la Minería. Bueno sería que estos medios rectifiquen y publiquen los daños que ya está causando Pacific Rim en Cabañas que, incluso, ya fueron constatados por personeros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica