HASTA QUE CUMPLA”, AFIRMA CONGRESISTA GLORIA RAMOS. CONTINUA EL PROCESO PARA IMPLEMENTAR DICTAMEN DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DD.HH. SOBRE LA OROYA
NOTA DE PRENSA 23-10-07
La congresista Gloria Ramos, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, y Afroamericanos, Ecología y Ambiente, señaló que debe sancionarse a toda empresa que contamina, y lamentó la posición sesgada de un sector de la población que no permite visibilizar ese tema y está a favor de la contaminación.
Esto fue en el marco de la conferencia de prensa de balance ambiental y de salud por los diez años de la empresa Doe Run Perú en La Oroya, realizada esta mañana en la sala Mohme Llona del Congreso de la República. Los otros expositores, Washington Mori, secretario técnico de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín; Eliana Ames, abogada de los 65 demandantes de La Oroya ante la CIDH, y Rosa Amaro, presidenta del Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO) coincidieron en que es responsabilidad del Estado, con participación de la sociedad civil, la solución de la problemática de La Oroya.
Ramos añadió que “el país necesita una Autoridad Ambiental firme que tenga un brazo normativo y fiscalizador, que cuide y proteja el ambiente, ya que hoy cada sector actúa de manera segmentada. Si DRP no cumple, debe ser cerrada hasta que cumpla; pero con el gobierno que privilegia la inversión, no vamos a llegar a mucho”.
Ames remarcó que “estamos de acuerdo con desarrollar una actividad metalúrgica, pero que no afecte el derecho a la salud de las personas de La Oroya”. Explicó que con el otorgamiento de las medidas cautelares a 65 denunciantes de La Oroya, la CIDH acepta que está en peligro la salud de las personas por la contaminación grave, puesto que hay síntomas asociados a la intoxicación (dolores de cabeza, náuseas, etc).
“La CIDH dice que el Estado tiene que hacer todo lo posible por desintoxicarlos, y debería recomendar al Estado que la reducción de la contaminación sea efectiva”, sostuvo.
A fin de cumplirse con el mandato de la CIDH, está pendiente la reunión entre el Ministerio de Salud (MINSA) y el Gobierno Regional de Junín con los 65 beneficiarios, agregó Ames.
En cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional, de mayo del 2006, ordenando diseñar una estrategia de atención en salud de emergencia para La Oroya, Ames reveló que “el TC ha contratado a un perito que analice el grueso informe de descargo que le entregó el MINSA para ver si este ha cumplido”.
Mori indicó que la grave contaminación ambiental de La Oroya ha llamado la atención de la CIDH, que ha puesto una sanción simbólica a la DRP. “El Estado no cumple con su labor fiscalizadora, lo cual hace que La Oroya esté al nivel de Chernobyl, y la contaminación se está dispersando a todo el Valle del Mantaro”, afirmó.
Aclaró que monseñor Barreto no está contra la minería y la metalurgia, que son importantes, pero debe haber un mayor control, y le corresponde a la sociedad civil contribuir con la vigilancia ambiental.
Finalmente, Amaro hizo un resumen de la historia de incumplimientos de la DRP en La Oroya, incluyendo las sucesivas modificaciones de su Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental (PAMA), lo cual dio origen al MOSAO. Enfatizó en que el Estado es el responsable de resolver la problemática ambiental de La Oroya, “pues nosotros tenemos un complejo metalúrgico por más de 80 años”.
Movimiento por la Salud de La Oroya/MOSAO y Mesa Técnica [email protected]