Ecuador, 27 de enero de 2007
Antecedentes
Las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, puertas del Ecuador hacia la región amazónica, están viviendo conflictos sociales por la mayoritaria oposición a la presencia de mineras transnacionales y a la pretensión de realizar una minería intensiva y a cielo abierto en varios cantones, especialmente en las estribaciones de la Cordillera del Cóndor, lindero con el Perú.
Allí comparten sus vidas campesinos mestizos e indígenas de la nacionalidad Shuar. Por iniciativa de los alcaldes y concejales de Gualaquiza, San Juan Bosco, Yantzaza, El Pangui, Centinela de El Cóndor y Paquisha, así como de ciudadanos de la región y numerosas organizaciones, se realizó el sábado 27 de enero de 2007 el "Encuentro de Alcaldes por el Derecho a un Medio Ambiente Ecológicamente Equilibrado", en la sede municipal de Gualaquiza, con la coordinación del alcalde local, Ingeniero Franklin Mejía. Allí se constituyó, ante denuncias y evidencias de público conocimiento sobre la militarización del área del proyecto minero y la seria afectación de derechos fundamentales de los pobladores, una Comisión Internacional de Observación, con representantes de organizaciones ambientales, de salud y de cooperación, que se encontraban en el país realizando trabajos acerca del tema de la minería.
El objeto de la observación era la concesión minera a Ecuacorriente, nombre que en el Ecuador ha tomado la compañía canadiense Corriente Resources Inc.
Después de las acciones de oposición de grandes sectores urbanos y rurales, que contaron con la activa participación de autoridades locales, incluidos alcaldes, concejales e integrantes de la prefectura provincial, se logró un acuerdo con el gobierno anterior, el 12 de noviembre de 2006, para detener la exploración e impedir el inicio de la explotación. Sin embargo, se conoce que a la par que continúan las obras de infraestructura de la empresa, ésta busca apoyo de personas de las comunidades potencialmente afectadas.
Objetivo
El propósito, tal y como se lo difundió, era realizar una observación independiente y directa de la zona donde se encuentra la concesión minera a Ecuacorriente, a fin de complementar la información escrita y oral recibida de diversas fuentes, incluidas las autoridades locales reunidas el mismo 27 de enero de 2006 en la Municipalidad de Gualaquiza.
Tal observación pretendía desarrollarse sin causar ni provocar ningún tipo de conflicto, respetando la legislación ecuatoriana y de manera absolutamente pacífica, abierta y transparente.
Descripción de los hechos.
La Comisión Internacional salió en dirección a Tundayme desde Gualaquiza, cabecera del cantón del mismo nombre, antes de las 15h00, utilizando para ello dos taxis que en la zona son camionetas de doble cabina.
Sólo hay una vía entre los dos puntos de nuestro viaje.
Para nuestra sorpresa, en el puente sobre el río Chuchumbleza, límite entre Morona Santiago y Zamora Chinchipe, el tráfico fue interrumpido por un fuerte contingente policial que se había apostado a ambos extremos del puente.
El Gobernador encargado y la Intendenta de Policía de Zamora Chinchipe, Sr. Eduardo Calva y Sra. Janeth Rodríguez, nos señalaron que el propósito era evitar conflictos y "garantizar la seguridad de los observadores extranjeros, que no sea agredidos", pues unas cincuenta personas estaban al otro lado del puente decididas a impedir el paso de cualquiera.
La Intendenta sostuvo que debíamos pedir permiso oficial.
Esto fue rechazado por los ecuatorianos presentes en virtud del principio constitucional que nos otorga libertad de movilización en el territorio nacional, al tiempo que aclaramos reiteradamente el objetivo y carácter de la visita.
Luego utilizó frases respecto al peligro de bienes y personas, lo cual nos llevó a preguntarle si sus expresiones debían ser entendidas como una amenaza.
Por petición de estas autoridades, a sólo ocho personas (dos ecuatorianas y seis extranjeras) se les permitió pasar el primer cerco y llegar a la mitad del puente.
Tomaron nuestros nombres, nacionalidades y representación. La Policía tomó fotografías y filmó a los asistentes. Hicieron todos los esfuerzos para persuadirnos de no avanzar: aseguraron que nuestros vehículos no podían cruzar el cerco policial, nos ofrecieron un carro al otro lado del puente que sólo podría llegar hasta el río Zamora porque la gabarra estaba fuera de funcionamiento, dijeron que no podríamos caminar por la zona, que el recorrido era demasiado largo… en fin, que no debíamos avanzar.
La preparación de esta acción policial nos sorprendió, además, porque uno de nuestros compañeros fue increpado por un policía: "¡Por qué se atrasaron, los esperábamos a las dos de la tarde!"
En el puente, las autoridades mencionadas hicieron que las personas que impedían el paso integraran una comisión para que se "negocie", un absurdo, ya que, por un lado, nosotros no éramos parte confrontada y, por otro, entre ellas no existía ningún representante oficial de la compañía minera.
Este grupo de personas estaba comandado por la señora Bedy Viñán, cuya representación y poder no sabemos quién se lo otorgó. Ella era inclusive consultada por el Gobernador, para que "por favor" nos dejara pasar, lo cual demuestra, cuando menos, un vacío de autoridad, que podría entenderse como que las autoridades se colocan bajo un poder ilegítimo representado allí.
Las expresiones de estas personas, entre las que se encontraba la señora Viñán y los señores que se identificaron como Rubén y Ramón Naichap, fueron altisonantes y agresivas: desconocieron la validez de la visita, señalaron que ellos deciden quién pasa por esos caminos, a pesar de que tienen carácter público, pretendieron descalificar a los presentes por no ser habitantes de la zona o venir del extranjero y finalmente dijeron que sólo una comisión nombrada por el Presidente ecuatoriano y el Ministro de Energía y Minas sería autorizada.
Esta actitud confrontacional se manifestaba al tiempo que se calificaban de víctimas.
Escuchamos con respeto varias intervenciones que hablaban de las bondades de Ecuacorriente, por lo cual insistimos que queríamos observar aquello que nos referían, pero la negativa nuevamente fue rotunda.
Los observadores fuimos calificados de "extranjeros y mentirosos". Entonces decidimos retirarnos y expresar nuestra insatisfacción por lo ocurrido, que en el caso de los ecuatorianos presentes, significó la violación de su derecho al libre tránsito por territorio nacional. Todo el episodio, que se extendió por unas 2 horas, fue registrado por al menos cinco cámaras de video. Varias personas de la zona, que simplemente querían transitar por el puente y eran ajenas a la Comisión, señalaron que en el grupo que impedía el paso había muchos que no son de la zona, alguno al cual la empresa minera llevó a Canadá y otros que han trabajado para la minera, pero a quienes que se los mantiene impagos, para de esta manera chantajearlos y obligarlos a participar en este tipo de actos.
Dejamos sentadas estas observaciones, que no las pudimos constatar por la imposibilidad de un diálogo real y por la actitud agresiva de quienes aparecían como defensores de la actividad minera.
Conclusiones y recomendaciones
1. Solicitamos al Estado Ecuatoriano y de manera especial a los Ministros de Energía y Minas y de Ambiente, la plena protección de ese patrimonio natural, que es patrimonio ecuatoriano y de la humanidad, por la importancia biológica y humana, así como la protección de las poblaciones potencialmente afectadas por la minería a gran escala.
2. Rechazamos que la fuerza pública y las autoridades hayan dado evidencias de estar parcializadas y que se coloquen en segundo plano ante personas ajenas a la ciudadanía.
En tal virtud, se pudo percibir la existencia de un poder de facto constituido por la compañía de capitales canadienses Corrientes Resources, miembros del destacamento local del ejército y un grupo de partidarios organizados por la empresa.
Es sorprendente que, en aras de cumplir con su obligación de garantizar el derecho al libre tránsito, las autoridades no hicieran nada más que pedir "por favor" liberen el paso a los partidarios de Corrientes Resources.
Consideramos necesario que se derogue la militarización de la zona para que se reestablezca a plenitud el ordenamiento legal en Tundayme y El Pangui, se investigue los hechos de violencia en los que varios pobladores resultaron heridos, se garantice el cumplimiento de la suspensión de actividades por parte de Corriente Resources, y se comience un proceso de consulta pública abierto, democrático y participativo sobre la presencia de la empresa en todas las comunidades potencialmente afectadas por sus proyectos extractivos.
3. Alertamos al país y a la comunidad internacional de los graves peligros humanos y naturales de la minería a gran escala y a cielo abierto como la que se pretende instalar en Tundayme y sobre cualquier acción que divida a las comunidades y a la población en función de los intereses empresariales.
4. Esperamos que el nuevo gobierno del Ecuador tome en consideración los aspectos legales ―por ejemplo, la consulta libre, previa e informada a todos los potenciales afectados―, ambientales ―por tratarse de una zona amazónica de alta biodiversidad―, de salud humana ―por los efectos de los químicos usados en la minería y la gran contaminación que genera―, comunitarios y de otro tipo, antes de permitir la continuación de la exploración y explotación minera.
5. Expresamos nuestro respeto a todas las autoridades locales que mantienen un comportamiento orientado por los aspectos anteriores y que promueven formas productivas eficientes de bajo impacto ambiental, que mantienen la participación de la población en la discusión sobre las amenazas que trae la minería a gran escala, a la que se oponen expresamente.
6. Agradecemos la invitación de las autoridades y organizaciones populares que deseaban el éxito de nuestra misión. Nos comprometemos a mantenernos vigilantes de lo que suceda en la zona y a difundir este informe por los medios que estén a nuestro alcance.
Miembros de la Comisión Internacional
María Hamlin Zúniga (Estados Unidos) Movimiento Mundial para la Salud de los Pueblos
Luis Manuel Claps (Argentina) Asamblea Patagónica Contra el Saqueo y la Contaminación Mines and Comunities Netrwork
Ximena Warnaars (Holanda) Cooperacción (Perú)
Andrés Caballero Huaccha (Perú) Comunicador Social Director de la Revista El Maletero, Cajamarca
Bárbara Silva (Brasil) Campaña Pedaleando por los Bosques
Edgar Isch López (Ecuador) Frente Nacional por la Salud de los Pueblos Ex – Ministro de Ambiente de Ecuador
Silvina Alessio (Argentina), Jorge Quizhpe (Ecuador) Comunicadores sociales Equipo Comunicándonos