Marco Arana.
La República
Miércoles 07 de febrero del 2007.
Hacia inicios de los 90 con la creación del CONAM y la promulgación del Código del Medio Ambiente, el Estado peruano intentó tener un organismo ambiental moderno para fiscalizar las actividades extractivas. Hasta entonces, la sostenibilidad ambiental de las actividades económicas del país así como la salud de las poblaciones que habitaban en los entornos de las industrias extractivas poco importaban a la clase política y a los gremios empresariales. El Perú había sido primer país "salitrero", "guanero", posteriormente "anchovetero", como lo es hoy "minero". Esa categorización de "primer país exportador de…" parecía ser la palabra mágica para solucionar todos los problemas de la secular pobreza del país.
En los 90 el país comenzó a crecer y no debía detenerse por causa alguna, menos si era una causa ambiental. En Chimbote se podía asfixiar legalmente a la población con el ácido sulfúrico de Sider Perú y los humos de las harineras. En los 90 comenzaron proyectos mineros modernos como Antamina en Áncash y Yanacocha. En Cajamarca, hubo voces que alabaron la llegada de "la minería ecológica". Entrado el nuevo siglo vendría el esperado proyecto de Camisea que "utilizaría tecnología de punta", haría "crecer el PBI hasta en 1% anual" y traería "abajo los precios del gas doméstico". Todos se beneficiarían. En este contexto era una blasfemia llamar la atención sobre los nativos machiguengas afectados por la destrucción de sus bosques, nuevas enfermedades y posteriormente por el envenenamiento de sus ríos.
Las voces fueron surgiendo aquí y allá: los nuevos proyectos no tenían asegurada una adecuada fiscalización ambiental. Sea porque es débil la capacidad estatal para hacer cumplir las normas (corrupción y cooptación de autoridades de por medio); porque las entidades competentes no tienen los recursos humanos y financieros suficientes; porque había vacíos legales (hasta el año 2004 el Perú no contaba con ley de transporte de sustancias tóxicas), o simplemente porque los lobbies empresariales consiguieron recortar el Código del Medio Ambiente y posteriormente introdujeron restricciones en la Nueva Ley General del Ambiente haciendo prevalecer el esquema de gestión ambiental sectorializada del Estado.
Cada ministerio tendría su autoridad ambiental.
En este marco, el Estado siguió promoviendo, como debería hacerlo, las inversiones privadas en sectores importantes de nuestros recursos naturales. El problema está, como lo han recordado miles de ciudadanos, algunos de ellos asesinados en Piura o Cajamarca, en que el Estado no está garantizando la regulación y control ambiental de dichas actividades. Doe Run puede envenenar a miles de niños en La Oroya y Yanacocha contaminar y dejar sin aguas a miles de campesinos y el CONAM terminar premiando a la última de ellas por su sistema de manejo de aguas.
¿Lo hará también con el manejo de aires de Doe Run?
Hasta hace poco el gobierno pudo haber atendido el reclamo ciudadano acerca de la necesidad de crear una autoridad ambiental autónoma, eficaz y eficiente, apropiada para fiscalizar de manera creíble el auge de las inversiones en industrias extractivas pero no lo hizo.
Para el caso del sector minero creó el OSINERGMIN, ¿creará también un OSINERPESCA; OSINERPETRÓLEO; OSINERQUÉ?
Gran oportunidad perdida. Como lo sostuvo la ex directora general de Minería Marita Chapuis: "El gobierno se dio otro disparo al pie".
La falta de política ambiental y la visible influencia de los lobbies mineros pudieron más que la sensatez y la razón.
Ojalá ésta no tenga que ser reclamada en las calles por ciudadanos que exijan que la actividad privada no siga colisionando con el bien público de la salud.
Urge un debate nacional sobre cuáles son las reformas que el Estado debiera introducir en materia ambiental.