Pero también la otra verdad es que las explotaciones mineras han sido y son uno de los factores de mayor daño ambiental y avasallamiento de derechos en especial para las comunidades campesinas.
Más aún luego de la aprobación y vigencia del Código Minero de Sanchez de Lozada de 1997, la explotación minera se ha transformado en una actividad de saqueo de nuestros recursos a favor de grandes transnacionales, dejando poco o casi nada a las comunidades, las regiones y el país.
Las comunidades campesinas organizadas en la Coordinadora de Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, lagos Uru Uru y Poopó, preocupadas ante la situación de entrabamiento de la discusión y proceso de concertación para la urgente y necesaria modificación del Código Minero de Sanchez de Lozada manifestamos a la opinión pública, autoridades y actores involucrados en esta temática lo siguiente:
1) Ratificamos nuestra exigencia por avanzar en la pronta modificación del Código Minero, tomando en cuenta principalmente los intereses nacionales, de las comunidades y de los sectores sociales mayoritarios, a fin de que el nuevo Código Minero reconduzca una nueva política minera con contenido nacional, con un mayor aporte económico y que precautele los derechos de las comunidades y la protección del Medio Ambiente.
2) El actual impasse entre el gobierno y las cooperativas mineras por el incremento de regalías debe ser superado mediante la búsqueda de mecanismos que otorguen un trato equitativo a los hermanos cooperativistas tomando en cuenta su rol social.
3) Sin embargo, dichas discrepancias no deben ser óbice para avanzar en la aplicación de un reajuste e incremento necesario del pago de las regalías en especial hacia las empresas mineras transnacionales que son las que actualmente salen beneficiadas del desentendimiento entre cooperativas y gobierno.
4) El tema regalitario es apenas un paso inicial en el camino de la modificación del Código Minero, el Ministerio de Minería debe impulsar un gran proceso de concertación e incorporar las demandas de las comunidades en temas referidos a los derechos de las comunidades sobre su territorio y el derecho a decidir en la gestión de la totalidad de los recursos comprendidos en el mismo, el derecho a exigir la protección del Medio Ambiente y de respetar las opciones propias de desarrollo, es decir que donde la actividad agrícola-ganadera son la principal actividad de sustento no deben ponerse en riesgo con otras actividades que son contrarias a su desarrollo.
5) Con relación a los graves problemas de contaminación que nuestras comunidades sufren en la sub-cuenca del río Huanuni y que afecta a los ríos Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó, expresamos la exigencia al Estado y la COMIBOL de asumir responsabilidad en la reparación de los mismos.
En ese sentido consideramos que las posibilidades de generar condiciones y garantías para avanzar en la solución de los problemas ambientales de esta zona son más factibles en el marco de consolidar la presencia de la Empresa Minera Huanuni en manos del Estado, por lo cual nos manifestamos contrarios a cualquier intento de fragmentar y atomizar las operaciones mineras en este distrito, pues ello significaría también dispersar la responsabilidad sobre los daños ambientales, condenando al olvido cualquier esperanza de implementar planes de mitigación y remediación ambiental.
Por último hacemos un llamado a las organizaciones sociales del departamento y el país, a las organizaciones matrices como la COB, CSUTCB, CONAMAQ y otras a pronunciarse en procura de exigir y velar por que no se obstruya ni retrase más la modificación del Código Minero y que se inicie un proceso de discusión social y nacional para dotarnos de una Política Minera Nacional contraria al saqueo de las Transnacionales y con respeto a los derechos de las comunidades y el Medio Ambiente.
Oruro, 6 de febrero de 2007.
FIRMAN POR EL DIRECTORIO DE CORIDUP:
Felix Laime PRESIDENTE
Eloy Flores STRIO. ORGANIZACIÓN
Rene Achocalla STRIO. GENERAL
Delia Y. de Ríos STRIA. HACIENDA