Policías usan gas lacrimógeno contra niños y pobladores los echan
Por: Eduardo Sam Chun.
El Estor, Izabal. Viernes 19 de enero
Un comando de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC), que llegó a este municipio para efectuar un desalojo en terrenos invadidos, fue obligado a escapar por los pobladores del lugar. Ocho niños fueron afectados por los gases lacrimógenos que lanzó un pelotón de Policía en un intento de desalojo. Waldemar Barrera, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos en Izabal, informó que el comando policial utilizó bombas de gas lacrimógeno en su intento de desalojar a 123 personas, entre adultos y niños, quienes invadieron por tercera ocasión el asentamiento La Unión, ubicado en terrenos de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN).
Niños afectados A causa del gas, ocho niños tuvieron que ser llevados al hospital. Aníbal Cotí, director del Centro de Atención Integral Materno Infantil, detalló que los infantes presentaron irritación en los ojos, ardor en la piel, lagrimeo y malestar en las fosas nasales. “No fue necesaria su hospitalización”, puntualizó.
Barrera señaló que la PNC se presentó sin orden judicial y sin el acompañamiento de personal del Ministerio Público (MP), como es requerido por la ley.
Los sacan Ante ello, molestos, los invasores, así como un grupo de vecinos del casco urbano de El Estor, resistieron y enfrentaron a los policías, que optaron por huir de esa localidad, vía Alta Verapaz, para retornar a la capital.
Los invasores explicaron que reclaman las tierras porque es parte de su herencia, y aseguraron que se las escrituró el desaparecido Instituto de Transformación Agraria (INTA).
Una fuente policial de Izabal, que optó por el anonimato, señaló que no apoyaron al comando porque no recibieron órdenes superiores en ese sentido. Se conoció que dicho contingente había efectuado desalojos pacíficos horas antes en los asentamientos La Paz y Lote 8, en Panzós, Alta Verapaz.
Tercera ocasión
Esta es la tercera vez que los invasores usurpan el asentamiento La Unión. La primera vez fue en noviembre del año pasado y la segunda la semana recién pasada. Entonces fueron desalojados en despliegues supervisados por el fiscal Rafael Arturo Andrade.
El dirigente Arnoldo Yat, miembro de la Defensoría Q’eqchi’, condenó el acto policial y afirmó que las acciones se desarrollaron de manera ilegal, por no haber dialogado e iniciado el debido proceso.
Agregó que los campesinos decidieron regresar al asentamiento, pues carecen de un lugar para vivir.
Citó también que las áreas invadidas por los trabajadores de campo, y que la CGN reclama como propias, carecen de certeza jurídica, pues fueron inscritas anómalamente en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Ultimátum en San Marcos
Los campesinos que tienen bloqueados los accesos a la mina de Montana Exploradora, en San Miguel Ixtahuacán, dieron ayer un ultimátum a los personeros de esa empresa para que se presenten a una reunión el próximo lunes en la Casa Diocesana de San Marcos, con la mediación del obispo Álvaro Ramazzini. De lo contrario, cerrarán las rutas de acceso a la mina por Sipacapa. Maritza Ruiz, vocera de Montana, no quiso emitir opinión al respecto.