Es con profunda indignación que recibimos la noticia de otra tragedia provocada por la minera Vale. En la tarde de hoy (25/01/2019), dos represas localizadas en la comunidad de Corrigo do Feijão, en Brumadinho, región metropolitana de Belo Horizonte (MG), se rompieron. Todavía no tenemos información sobre el número de víctimas, pero, según los bomberos, unas 200 personas están desaparecidas. También hay informes sobre la llegada de material tóxico al río Paraopeba, afluente de San Francisco. La dimensión completa de este desastre aún no puede ser precisada.
La Articulación Intencional de los Afectadas y Alcanzados por Vale viene denunciando en los últimos años en la junta de accionistas de la empresa el peligro del reiterado proceso de reducción de costos y gastos en sus operaciones, ampliando así los riesgos e incidentes como el ocurrido en Mariana en 2015 y hoy en Brumadinho. Sin embargo, no se ha hecho nada. No se puede decir que el rompimiento de las represas, el día hoy, no era previsto o esperado: a pesar de alertada, Vale no hizo nada más que continuar con sus actividades mineras y aumentando sus ganancias.
Brumadinho Brumadinho se encuentra a 149 km de Mariana, epicentro del rompimiento de la presa de Fundão, otro crímen que implica a la minera Vale, que se llevó la vida de 19 personas y afectó a miles de personas en la Cuenca del Río Doce, las cuales padecen hasta el día de hoy y que la Vale S.A. no ha indemnizado ni reconoce su derecho como personas afectadas.
Además de la evidente responsabilidad de la empresa, entendemos que el Estado brasileño es igualmente responsable de las violaciones de derechos humanos de los afectados por el rompimiento de represas. La autorización de funcionamiento de represas de desechos mineros, que está prohibida en diversos países, la no fiscalización de sus instalaciones y la no responsabilización de las empresas mineras por los daños que causan, representan una verdadera omisión de las autoridades brasileñas que permiten que las violaciones se repitan. Incluso después de 3 (tres) años del crimen de la Cuenca del Río Doce, Vale no fue debidamente responsabilizada y lo/as afectado/as siguen luchando por el acceso a la justicia.
Y ahora, la Vale nuevamente protagoniza una nueva tragedia social y ambiental. Es urgente que las autoridades del Estado brasileño asuman sus responsabilidades y comiencen una investigación rápida, imparcial y efectiva para que este tipo de casos no se repitan. Además de promover la fiscalización de todas las represas del país, para evitar nuevas rupturas y tragedias.
Nos solidarizamos con todos lo/as afectado/as y nuevamente afirmamos que: ¡No fue un accidente!
Articulación Internacional de Afectado/as por VALE
El 2017 la provincia cusqueña de Espinar celebró cien años de creación política, un centenario con mucho derroche de fiestas y eventos públicos para la población local. El centenario pudo haber sido la oportunidad para hacer una revisión histórica sobre los avances y nuevos desafíos que tiene la provincia a nivel de acceso a derechos en salud, educación, desarrollo económico, entre otros. Sin embargo se dejó pasar esta oportunidad y no se dieron grandes discusiones, ni reformas, ni planteamientos sobre el tema minero y las implicancias de ello para el desarrollo de Espinar.
Las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos ante la opinión pública nacional e internacional para expresar el rechazo a la alianza entre la AngloGold Ashanti y la Universidad de Antioquia quienes se han propuesto la implementación de un diplomado, con varias organizaciones sociales del municipio de Jericó, lo cual podría alimentar la consolidación de una línea de base para disfrazar, con una falsa legitimidad, al proyecto minero Quebradona.
A pesar de protestas de las comunidades locales, la empresa árabe Sociedad Minera de Santander (Minesa) presentó el 17 de enero una nueva solicitud de licenciamiento ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para el proyecto de extracción de oro, Soto Norte, en las montañas adyacentes del Páramo de Santurbán, en Santander.
El lunes 21 se dio inicio a la mesa de diálogo para tratar el nuevo conflicto entre Minera Yanacocha y el centro poblado de Combayo. Como se sabe, desde hace unos días la población de Combayo empezó a protestar en contra de las operaciones de Yanacocha porque habrían ocasionado la desaparición de varios manantiales y la disminución del caudal del río Azufre.
En la jornada de este miércoles, se registró la rotura de una cañería en instalaciones de Codelco Andina hacia el río Blanco, importante afluente del río Aconcagua. Efectivos de la PDI acudieron al lugar a realizar peritajes, al igual que personal del Sernageomin. Mientras tanto, la empresa distribuidora de agua en la zona, Esval, suspendió la utilización de agua del río para consumo humano hasta contar con datos de calidad de agua. 
El proyecto minero Ariana, de la canadiense Southern Peaks Mining, es uno de los proyectos cuya construcción está prevista para iniciar en el primer trimestre de este año 2019. La etapa de construcción se ejecutará en un período de 24 meses y el inicio de la etapa de operación está previsto para fines del primer semestre del 2020.
El 7 de enero, la Superintendencia de Medio Ambiente, la autoridad chilena encargada de fiscalizar los permisos ambientales, aprobó el Plan de Cumplimiento (PDC) presentado por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile Soquimich S.A (SQM), que busca compensar las infracciones ambientales que derivaron en un proceso sancionatorio en su contra. La empresa, que desde 1993, explota las reservas de litio en el salar de Atacama, al norte de Chile, había modificado, sin autorización, las variables que permiten la activación del Plan de Contingencia destinado a prevenir impactos ambientales producto de las actividades extractivas.
La congresista de la República, 
El auditorio del Instituto Froylán Turcios, en Tocoa, Colón resultó insuficiente para albergar a centenares de ciudadanos y ciudadanas que desde muy tempranas horas del pasado domingo atendieron el llamado realizado por el Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos. “La Cumbre en Defensa del agua” inició con una caminata donde las comunidades al grito de “toda mina contamina”, se preparaban para dejar clara una vez más su posición contra los proyectos extractivistas y mineros.