El conflicto minero en el área cabalga sobre ocho mil hectáreas tituladas o en solicitud. El más complejo frente de esa disputa lo protagonizan las comunidades indígenas Embera Karambá y Embera Chami en la vereda Miraflores, donde se ha solicitado una consulta previa a fin de impedir la exploración minera. Según las autoridades indígenas, Seafield tiene nexos con AGA.
Eran las 8 p. m. del pasado 24 de mayo. Alejandro Pulido se terminó de cepillar los dientes y se disponía a descansar de una larga jornada de trabajo. Llamaron a su puerta con brusquedad. Al abrirla, se encontró con varios policías, que lo amenazaron con llevarlo a la inspección municipal. A Alejandro se le cortó la voz. Al cabo de un largo interrogatorio, los agentes se retiraron.
Entrevista a Renzo Alexander García Parra, Biólogo, ambientalista, integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y Coordinador general de la Campaña por el No a la minería contaminante en la Consulta Popular de Ibagué.
Hasta algunos días atrás, las operaciones en Cerro Negro (Goldcorp) se encontraban paralizadas ante un paro llevado adelante por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) por malas condiciones de seguridad e higiene en gran parte de las instalaciones de la firma.
La empresa Geotécnica cerró a principios de los 80 la mina de plomo Gonzalito dejando en el lugar un pueblo en ruinas. En la ciudad de San Antonio Oeste, el legado de la firma minera fue aún más grave. Durante esas tres décadas depositó a dos kilómetros de la zona urbanizada y a pocos metros de la ría, millones de kilos de material cargado de plomo y otros metales pesados. Estudios determinaron que en la Bahía San Antonio había niveles elevadísimos de plomo, cinc y cadmio. A esto se sumaron datos contundentes y alarmantes: mas del 40% de los chicos de San Antonio Oeste poseían niveles de plomo en sangre por encimade lo tolerable. La promesa de remediacion nunca se cumplió. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo.
Durante más de 30 años, la empresa ha destruido y contaminado los recursos naturales de varias comunidades en Honduras. Pero en su ambición por extraer más oro quieren excavar el camposanto donde descansan más de 800 difuntos, generando hasta manifestaciones violentas entre los pobladores que quieren impedir que remuevan las tumbas.
En medio de la polémica por el segundo derrame de tóxicos en los cursos de agua en la zona de mina Veladero en San Juan por parte de la empresa Barrick Gold, el Gobierno anunció supuestas inversiones por US$ 7.000 millones en minería para el período 2017-2018. Sin embargo los anuncios no se producen en el mejor momento: Barrick Gold debe rendir cuentas en la justicia provincial y federal para por sus dos últimos derrames tóxicos en el término de un año. Crece el rechazo popular y el cuestionamiento a una actividad señalada de saqueadora, contaminante y secante.
Insumo básico para organizaciones sociales y ciudadanía en general
Los procesos extractivos arrasan con los derechos de los pueblos y la naturaleza.Entrevista a Renzo Alexander García Parra, biólogo, ambientalista, integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y Coordinador general de la Campaña por el No a la minería contaminante en la Consulta Popular de Ibagué, capital del Departamento del Tolima en Colombia.
La mina Veladero, que opera la empresa Barrick Argentina, está en un ambiente periglaciar. Esto siempre fue afirmado por la Asamblea Jáchal No Se Toca y el hidrogeólogo Robert Moran. Ante la grave crisis derivada por la sucesión de derrames de Barrick Gols en su mina Valadero, ahora lo confirmó el Ministerio de Ambiente de la Nación según lo que revela la última actualización del inventario de estos cuerpos de hielo en la provincia de San Juan y que se conocerá oficialmente en las próximas semanas.
Hasta el momento cuatro concejos deliberantes de localidades de Chubut se han pronunciado a favor del tratamiento por prarte de la Legislatura del proyecto de ley presentado ejerciendo el derecho constitucional de Inciativa Popular. Recogen la demanda de las asambleas nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut que reclaman a los legisladores que se trate y apruebe el proyecto ya que nunca fue abordado por la legislatura a pesar de la sesión convocada al efecto el 25 de noviembre de 2014 donde se aprobó un texto redactado por las mineras. El proyecto impide que en el territorio provincial se ejecuten cateos, exploraciones y explotaciones mineras metalíferas y de radioactivos. Trece mil siete chubutenses respaldaron con sus firmas la Iniciatia Popular.