Durante el transcurso de esta última semana el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, escuchará los argumentos finales en la demanda por 300 millones de dólares que la compañía minera Pacific Rim y ahora la australiana OceanaGold interpusieron contra el gobierno de El Salvador por no concederle los permisos de extracción y explotación de metales entre estos el preciado oro.
Los argumentos definidos de parte del gobierno en este proceso han sido sobre las leyes y políticas nacionales destinadas a proteger la salud y el ambiente de las poblaciones, la tenencia de la tierra, así como también proteger el abastecimiento de agua en la zona de Cabañas, lugar donde funcionaría la empresa.