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La explicación que Jorge del Castillo ofrece a su intervención en el proceso abierto contra Doe Run Resources Corporation ante el tribunal de San Luis, Missouri, por contaminación en perjuicio de la población de La Oroya, es que el caso ponía en riesgo el TLC y que el Perú ya había resuelto alrededor de 20 procesos a favor de empresas estadounidenses a pedido de Washington, para que a última hora una demanda de unos religiosos despistados ante tribunales gringos echara todo a perder.
En otras palabras que el TLC no sólo supone la inexistencia de la justicia peruana frente al inversionista con bandera de Estados Unidos, aun de los estafadores que vendieron un radar malogrado o de los que incumplieron los contratos, sino que nos convierte en abogados de las empresas que causan daños en el Perú frente a los tribunales federales, para que no se interprete que les tenemos alguna hostilidad por el hecho de envenenar con plomo los pulmones de los niños. Sigue leyendo